Banco Central de Chile: resguardar la independencia

De acuerdo a la Constitución Política de la República el Banco Central de Chile es una entidad con patrimonio propio de carácter técnico y cuya composición, funciones y atribuciones determinará una Ley Orgánica Constitucional. Asimismo, se establece que ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central. La sola excepción se establece para el caso de guerra exterior o peligro de ella, la cual será calificada por el Consejo de Seguridad Nacional.

En el año 1989 se dictó la Ley Orgánica Constitucional estableciendo que el Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

Una negociación de carácter político hizo posible que el primer consejo del Banco Central tuviese una representación que consideró tanto una calificación técnica superior como también sensibilidades políticas diferentes. Las diversas elecciones de consejeros ocurridas en los 30 años de vigencia de la entidad autónoma y el cumplimiento estricto de sus funciones específicas le han otorgado a la entidad una plena consolidación.

El Banco Central de Chile ha cumplido así de manera excelente su tarea de otorgarle al país la necesaria estabilidad monetaria y de precios, lo cual ha sido un fundamento de significación para el período de expansión que ha caracterizado a la economía chilena en la mayoría de los años transcurridos. Por otra parte, en momentos de crisis, como fue lo ocurrido en los años 1982-1983, la acción del Banco logró restablecer la estabilidad del sistema financiero gravemente afectado por la situación de alto endeudamiento externo y una significativa alza de interés ocurrida en los mercados internacionales.

El prestigio alcanzado por la entidad ha conducido a asimilar la estructura del Banco Central a otras entidades de carácter público que requieren representaciones de las cuales pueden caber sensibilidades políticas diferenciadas. Sin embargo, en el curso del presente año, ante la presencia de reformas a la institucionalidad de organismos vinculados tanto a la seguridad social como al Parlamento, han surgido propuestas en cuanto a alterar las funciones del Banco Central entregándole responsabilidades que pueden deteriorar de manera significativa la necesaria independencia y autonomía que requiere para llevar adelante sus acciones referidas a la estabilidad monetaria.

En particular al momento de debatirse en el Congreso la ley de reforma a la seguridad social y al abrir el espacio para que una nueva entidad administrara recursos destinados a ese propósito, surgió, de parte de algunos parlamentarios, la iniciativa de entregarle al Banco Central la administración de dichos recursos. La reacción de quienes le dan valor a la autonomía del Banco Central fue inmediata en cuanto a que el hecho de agregar esa nueva función lo ponía en grave posición dada la dependencia que se generaba respecto de aquellas personas o entidades cuyos recursos se entregaban a la administración del Banco Central.

Con preocupación hemos observado que en el curso de las últimas semanas surgió una nueva iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados. El acuerdo adoptado por dicha cámara va ahora en la dirección que sea el Banco Central quien determine las remuneraciones de los miembros del Parlamento. La propuesta es de gravedad extrema. Su aprobación implicaría de inmediato una dependencia del Banco Central respecto de los miembros del Congreso cuya operación está vinculada a pareceres políticos muy alejados de aquellos técnicos que deben ser considerados en la configuración de una política monetaria. Basta preguntarse cuál será la reacción de los miembros del parlamento ante una posición de descontento respecto a una decisión tomada por el Banco Central respecto a sus remuneraciones. Surgirán acusaciones de diversa naturaleza en los cuales intervendrán pareceres económicos y políticos ajenos a un carácter de efectiva independencia.

El acuerdo adoptado en la Cámara de Diputados la semana recién pasada debiera generar una reflexión adicional en cuanto a no crear una situación que ocasione posteriormente el desprestigio a una institución que, como el Banco Central de Chile, tiene hoy la más alta valoración ciudadana. Sería muy conveniente que los diversos partidos políticos mediten sobre esta consecuencia y cómo ella puede afectar lo que ha sido uno de los mayores logros en el acontecimiento económico del país: la necesaria estabilidad monetaria que exige un proceso de crecimiento que se estima debiera ser de carácter sostenido.

Columna de Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, publicada en El Diario Financiero.