La violencia se ha tomado nuestro país y lo ha hecho en múltiples dimensiones. La más palpable es la relacionada con el terrorismo y los actos vandálicos que se reiteran semana a semana y que se exacerban cada vez que la Mesa de Unidad Social llama a paro general. Nos hemos visto capturados por una ola sistémica de barbarie callejera, que amedrenta a la población quemando y/o destruyendo hospitales, edificios patrimoniales, Seremías, Gobernaciones, medios de prensa, buses, estaciones de metro, sedes de partidos políticos y oficinas parlamentarias, monumentos, mobiliario municipal y de tránsito, comercios y barrios. A ello se suman grupos anárquicos o corporativistas que bloquean nuestras calles y carreteras, con las consignas más variadas para impedir la libre circulación, la que liberan a discreción o a condición de que bailemos al ritmo del miedo. Nos hemos acostumbrado a que se levanten barricadas en distintas comunas y ciudades del país y que camiones depositen, a plena luz del día, escombros en el sector de Plaza Italia para impedir la circulación de las personas y de los vehículos de carabineros. Vivimos presos de esa violencia que nos dicta los horarios y lugares por los que podemos circular y que luego, para mostrarnos “quien manda”, sube imágenes a las redes sociales en las que encapuchados celebran su gesta, acostados en unas reposeras robadas de un hotel que han hecho arder a sus espaldas, o en las que hacen asados, en plena vía pública, con las brasas de algún mobiliario público o privado que acaban de incendiar.

Un desenfreno violento que se inició con los actos de evasión a la tarifa del metro de Santiago. Y traigo el episodio a colación porque el mismo día que se lograba el Acuerdo por la Paz y la Constitución, el Diputado Jackson agradecía por Twitter a esos jóvenes con un “Gracias totales cabr@s” adjuntando un video en que se violentaba un acceso a la red de metro ¿Validación de la violencia como medio para la consecución de fines? Yo no tengo otra lectura. Esto nos muestra que, a pesar de que aparecen respaldando acuerdos por la paz, existe un sector de la izquierda que no tiene interés en que la violencia se detenga, aun a costa de las pérdidas de empleos, emprendimientos y de que la gente viva con miedo.

Pero esa no es la única dimensión de la violencia. Hay otra más “institucional,” por contradictorio que parezca. En el Congreso y bajo la apariencia de situarse en el marco de una discusión “reglada” de proyectos de ley, se violenta el Estado de Derecho al infringirse flagrantemente la institucionalidad. Bajo el alero de la “urgencia social”, diversos parlamentarios del Partido Comunista, del Frente Amplio y también del oficialismo se han saltado todas las normas, quebrantando la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, forzando sendos incrementos en el gasto público sin tener los recursos para hacerse cargo de lo que aprueban. Y la verdad es que les da lo mismo. Por la razón o la fuerza. A pretexto de “circunstancias extraordinarias” se han atribuido autoridad y facultades que no tienen y que no pueden atribuirse según nuestra Constitución, pero no se hacen responsables. Más bien, trasladan el problema al Ejecutivo que, capturado, accede. La discusión del aumento del pilar solidario y del ingreso mínimo esta semana son de antología en esta materia.

¿Cómo empezar a salir de esto? Yo creo que parte de la respuesta pasa por preguntarse dónde está ubicada la izquierda que gobernó Chile por más de 20 años, en materia de respeto institucional y orden público. Porque ya sabemos que hay una parte de la izquierda que no tiene respeto alguno. Figuras históricas y públicas del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana han dejado clara su postura respecto de la importancia del orden público y de las reglas en democracia. Pero ¿La izquierda que está hoy en el Congreso, se cuadrará con la seguridad? ¿Seguirán avivando las manifestaciones (que, en traducción simultánea, significa avivar los desmanes descontrolados y desatados)? ¿Entenderán que, si este tema no se transforma en una prioridad nacional, de todo el Estado, caeremos al precipicio? Comprendamos de una buena vez que el orden público no es para generar tensión o dividir, sino para rescatar el Estado de Derecho. Esperemos que el esfuerzo que algunos parlamentarios de ese sector están realizando en la materia sea capaz de movilizar a sus bancadas y que la declaración que firmaron algunos senadores esta semana no sea demasiado poco ni demasiado tardía, pues lo que resta es la anarquía.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, publicada en El Mercurio.-