Acuerdo por la paz, la justicia y una nueva Constitución

Al escribir estas palabras se trabajaba frenéticamente en ultimar los detalles de un acuerdo por la paz, la justicia y una nueva Constitución. No voy a referirme a las circunstancias que nos llevaron a tener que definir esto bajo la amenaza de la violencia y con un plazo de 24 horas, pero para la historia será importante especialmente dilucidar este último punto, pues determina cómo llegó el gobierno a negociar cuestiones tan importantes para el país en un estado de extrema debilidad y con una espada de Damocles sobre su cabeza.

Creo, en primer lugar, que un acuerdo por la paz, el más importante de los objetivos a lograr, debiera ser sustancioso en los contenidos que permitan poner término a la violencia. Una condena explícita a ella por parte de todos los firmantes y un compromiso para aprobar en general y discutir de buena fe en particular la agenda legislativa presentada hace pocos días por el gobierno parece ser un mínimo indispensable. Esa agenda, recordemos, contiene disposiciones acerca de las formas que son legítimas para marchar y manifestarse, entre las que no se incluye la presencia de personas encapuchadas ni el uso de barricadas para interrumpir el tránsito y la libre circulación de las personas, por la evidente violación de los derechos de la ciudadanía que ellas importan.

En materia de justicia se ha avanzado bastante con los proyectos de la agenda social ya presentados por el gobierno, y queda todavía un trecho por recorrer. Es curioso sin embargo que en los medios de comunicación y en las conversaciones de los políticos estos temas prácticamente han desaparecido, para dar paso a una única negociación: una nueva constitución.

Y la discusión sobre una nueva constitución, sin entrar a los contenidos, se ha centrado en el mecanismo para elaborarla. La lógica que ha seguido esta negociación es la que nos anunció hace ya un par de años el abogado Fernando Atria: “la Constitución la vamos a cambiar por las buenas o por las malas”. Ni siquiera sus ideólogos se han preocupado de ocultar este propósito. El abogado Jaime Bassa, nueva versión de Atria, ha señalado textualmente por la vía de un tuit: “Propuesta de proceso constituyente en tres pasos: movilización social, plebiscito y asamblea constituyente. Para los que no se han dado cuenta, el primer paso, movilización social, es el uso de la violencia que hemos visto en Chile desde el 18 de octubre hasta hoy y que está destinado a amedrentar al gobierno y especialmente a los parlamentarios de Chile Vamos para que accedan, con su voto, a modificar el capítulo de la Constitución que regula la forma de modificarla. Hasta hoy, el Congreso es el Poder Constituyente y el mecanismo para modificar la Constitución se puede cambiar con el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios. Amedrentando a éstos por la vía de incendiar Chile y provocar terror en la población, se podrá lograr el quórum necesario para elaborar una nueva Constitución.

Y sobre este mecanismo, han discurrido todas las negociaciones de la clase política durante el día de ayer. La oposición se afana por lograr una Asamblea o Convención Constituyente que tenga la menor proporción de parlamentarios posible, que contemple un plebiscito previo sobre el mecanismo, en vez de uno ratificatorio sobre el contenido de la Nueva Constitución, que ni siquiera tendría que ser aprobada por el Congreso.

Si el acuerdo discurre por estos caminos, nuestra clase política habrá reemplazado una constitución que según muchos tiene un origen ilegítimo, por una elaborada bajo la amenaza de la violencia. Lo peor de todo, es que se hará sobre la fachada de un “Acuerdo por la paz…” La legitimación de la violencia como instrumento de acción política es lo más grave de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos días. La izquierda y la Democracia Cristiana son culpables de este golpe artero a la democracia.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-