Evidencia y agenda en La Araucanía

Reimpulsar la agenda de Gobierno en La Araucanía ha sido uno de los principales trabajos del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, desde principios de este año 2019. Ello incluye retomar el trabajo que desde los inicios de esta administración se ha estado haciendo con el pueblo mapuche con el objetivo de adoptar medidas que sean de beneficio, tanto para ellos como a toda la región.

En este contexto, en Libertad y Desarrollo realizamos una encuesta enfocada en hombres y mujeres que se sienten pertenecientes a este pueblo indígena (de 18 años o más), con la finalidad de indagar sobre sus percepciones en distintas materias, tales como Estado y política mapuche, cultura e identidad, situación socioeconómica, tierras y vida política.

Todos sabemos que durante años los pueblos indígenas han reclamado la tierra que alguna vez habitaron sus antepasados, y que -desde su punto de vista- les pertenece por derecho ancestral. Por ende, la mayoría de ellos concuerda en que el Estado chileno mantiene hasta el día de hoy una deuda con el pueblo mapuche (82%). Ahora bien, la mayoría de los encuestados no está de acuerdo con las acciones violentas de algunos grupos para recuperar sus tierras, considerando que esto ha afectado considerablemente la imagen del pueblo mapuche.

Por otro lado, es importante recordar que el Estado ha entregado una gran cantidad de tierras a los pueblos a través de la Ley Nº19.253 (Ley Indígena), con el objetivo de saldar la deuda reclamada y que ha generado bastantes conflictos -incluso violentos- en la macro zona de La Araucanía. Estos territorios se entregan bajo condiciones establecidas en esta ley, las cuales muchas veces se transforman en limitaciones para las personas mapuche de poder desarrollar un plan de vida familiar independiente de la comunidad como, por ejemplo, la imposibilidad de ser propietario individual.

Según los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), hoy en día alrededor de un 76% de las tierras se entregan en forma comunitaria a través del artículo 20B de la Ley Indígena, mientras que solo un 24% se entregan en forma individual por el artículo 20A. De acuerdo a los resultados de las personas encuestadas en zona rural, la mayoría prefiere la entrega de tierras mediante títulos individuales y asimismo gran parte del total de los encuestados está a favor de poder arrendar las tierras indígenas. Bajo este contexto, sería bueno considerar cambios en la Ley Indígena que flexibilicen las condiciones de uso de las tierras entregadas.

 

Columna de Javiera Cid, Investigadora del Área Política de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-