Recientemente fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas de transporte. Es deseable que se cuente con una nueva legislación que saque del limbo regulatorio la operación de esta innovadora modalidad de transporte y que termine de una vez con la inconducente persecución contra una actividad que no produce ningún perjuicio social, lo que distrae innecesariamente la labor policial de asuntos más prioritarios.

Los nuevos servicios ofrecidos a través de plataformas representan un gran avance en las alternativas de transporte, tanto para los usuarios como para socios conductores. Lamentablemente, el proyecto de ley que pasó al Senado limita seriamente el funcionamiento actual de estos servicios, así como su potencial de desarrollo.

La iniciativa contempla restricciones al ingreso de nuevos socios conductores, limitaciones al tipo de vehículo, exigencia de licencia profesional para todos los conductores -aunque operen unas pocas horas a la semana-, o elevadas multas por conducir “rutas ineficientes,” distintas de la sugerida en la aplicación.

Quizás uno de los aspectos más llamativos de la tramitación es que los diputados hayan incluido la prohibición explícita de realizar viajes compartidos a través de plataformas tecnológicas. Cuando, por el contrario, compartir viajes es la mejor alternativa para disminuir la congestión.

Por cierto, los viajes compartidos tienen el potencial de convertirse en un componente importante del transporte público. Los buses tradicionales circulan con frecuencias y recorridos fijos, independientes de la demanda del momento. Por lo que pasan la mayor parte del día con mucha capacidad ociosa, lo que se traduce en altos costos. La posibilidad de compartir recorridos, en autos colectivos, de mejor estándar, con recorridos diseñados en tiempo real, tiene el potencial de ahorrarse ese costo y entregar un mejor servicio.

Las nuevas tecnologías hacen innecesario el exceso de regulación: cuotas, tipo de vehículo o tipo de licencia. Esto ya no es necesario gracias a la nueva tecnología: (i) Los vehículos no transitan por rutas congestionadas buscando pasajeros como los taxis tradicionales, sino que atienden llamadas georreferenciadas; (ii) el usuario tiene la información del vehículo que lo va a atender, así como la opción de no contratar el servicio si este no es de su preferencia; (iii) el usuario tiene disponible la evaluación del conductor, hecha por otros usuarios, así que las plataformas tienen incentivos a excluir a conductores mal avaluados.

Los servicios de transporte a través de plataformas ya son una realidad en varias ciudades de Chile, y contribuyen a mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios como de los socios conductores.

Esperemos que el Senado haga los cambios necesarios para que las plataformas puedan seguir operando en condiciones similares a las actuales, sin limitar su potencial de desarrollo. De lo contrario, los principales perjudicados serán los ciudadanos.

Columna de Rodrigo Troncoso, investigador de LyD, publicada en Diario Financiero.-