Conocida la cifra del IMACEC del último mes del año pareciera que ya no hay dudas de que el crecimiento de la economía chilena el año 2018 fue de 4%, lo que deberá confirmar en breve el Banco Central. El Ministerio de Hacienda ha ratificado su estimación de un crecimiento de 3,8% para el año 2019 luego de conocerse esta noticia.

En diciembre el Banco Central entregó un rango entre 3,25% y 4,25% para el 2019. Algunos analistas son algo más pesimistas. Sería muy positivo que las expectativas optimistas se cumplieran, pues ratificarían que el gobierno de Michelle Bachelet ha sido un paréntesis en el crecimiento de la economía chilena y nuestro país puede continuar una trayectoria que lo haría calificar como desarrollado el año 2021.

Sin embargo hay una variable clave para que esto se cumpla: la inversión. Durante el gobierno anterior la inversión decayó en cada uno de los cuatro años, lo que fue decisivo para terminar con el crecimiento de 1,7% que empaña la performance económica de Chile.

La inversión depende de factores macroeconómicos, como la política tributaria por ejemplo, pero también de la velocidad con que el sistema es capaz de procesar la gran cantidad de permisos y autorizaciones que requiere un proyecto.

Un proyecto eléctrico por ejemplo necesita realizar un estudio de impacto ambiental que típicamente demorará dos años. Si utiliza hidroelectricidad, una tecnología renovable, puede requerir permisos de la Dirección de Aguas como modificación de cauces u otros que tomarán dos años. El SAG debe autorizar cambios de uso de suelo y si hay afectación de comunidades indígenas deberá pronunciarse la CONADI.

El proyecto debe ser revisado por el Coordinador Eléctrico y luego de superadas todas estas etapas tiene que obtener los permisos de obras en las direcciones municipales respectivas.

Una estimación de la oficina GPS del Ministerio de Economía indica que un proyecto grande de este tipo requerirá 1.700 trámites y 200 permisos que le llevarán cinco años. Una concesión marítima demora en promedio tres años.

Esta permisología puede optimizarse. En Canadá han logrado reducir de cuatro a dos años el tiempo de tramitación. Australia también ha avanzado mucho en ese sentido.

La oficina GPS, que creó el Ministro Valente, tiene como funciones el seguimiento y acompañamiento de proyectos; las recomendaciones de política pública que surgen de la experiencia de acompañamiento; y la mejora de las capacidades y competencias de las agencias públicas que participan en estos procesos.

Trabajan con un catastro de 240 proyectos que totalizan una inversión de 60 mil millones de dólares. De ellos el 50% corresponde a minería, el 20% a infraestructura y otro 20% a proyectos eléctricos e inmobiliarios.

La oficina participó en el estudio del proyecto de ley pro-inversión que ya se tramita en el Congreso y trabaja en una segunda versión.

En la mejora de las capacidades de las agencias públicas ha desarrollado un trabajo especialmente fructífero con la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, Sernageomin, el Consejo de Monumentos Nacionales y las Municipalidades.

Otra iniciativa de gran utilidad es SUPER, un sistema unificado de permisos que han trabajado con el Servicio de Evaluación Ambiental donde ya hay 12 permisos digitalizados en una plataforma única que permitirá hacer el seguimiento de éstos en línea. Las cifras de inversión extranjera directa del año 2018, que han aumentado un 78% respecto del año anterior, algo le deben a estas innovaciones.

Otra iniciativa del Ministro de Economía digna de destacar es la oficina OPEN a cargo de la productividad. La oficina ha catastrado 250.000 regulaciones en Chile, que le otorgan la calificación de tener la mayor complejidad regulatoria en toda la OCDE. La idea de OPEN es implementar propuestas, no solamente estudiarlas. El Director de la oficina actúa como parte del Consejo de la Comisión Nacional de Productividad que dirige Rafael Bergoing, sin derecho a voto y contribuirá a la coordinación de esa oficina independiente con el gobierno.

Su meta es que la productividad, que ha venido cayendo en Chile a razón de 1,2% anual, pase a crecer un 1% al año. También pretende lograr que los informes de productividad de los proyectos de ley sean legalmente obligatorios.

OPEN ha incursionado en el tema de los medicamentos para lograr disminuir el tiempo de registro en el Instituto de Salud Pública que hoy alcanza a 270 días. Mira la experiencia de Singapur, que tiene un fast track para medicamentos acreditados por la FDA o laComisión Europea.

En fin, son numerosas las iniciativas de estas nuevas oficinas del Ministerio de Economía cuya labor puede ser fundamental para volver a aumentar los niveles de inversión en Chile, requisito indispensable para mejorar en forma sostenible nuestras tasas de crecimiento.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, en El Líbero.-