Perdiendo el norte

La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial son cruciales para el desarrollo de los países. Las naciones con protección jurídica robusta en la materia tienen un PIB per cápita 21 veces superior al de los países con una institucionalidad más débil. Regímenes macizos de protección a la propiedad industrial e intelectual permiten a los innovadores buscar soluciones a problemas globales, generando mayor disponibilidad de investigadores full time, más inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), más artículos publicados y mayores tasas de emprendimiento. Por el contrario, los países que no promueven una protección fuerte en la materia terminan pagando costos altos, que sufre la población en general, al paralizarse o ralentizarse la investigación y la innovación, con repercusión en áreas muy relevantes como la salud, retrasando o impidiendo las curas para importantes enfermedades.

Las patentes protegen a los inventores cuyas tecnologías son realmente revolucionarias y comercialmente exitosas, en las que han invertido y asumido el riesgo del caso, al asegurarles que podrán controlar el uso comercial de su invención. Se promueve así la competencia porque supone un estímulo financiero para los inventores a cambio de la divulgación de sus invenciones al público. Hay quienes sostienen, no obstante, que las patentes generan efectos perversos: limitan el acceso a los bienes amparados por la protección, encareciéndolos. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario y apunta a los beneficios de la propiedad industrial como promotor del crecimiento y el desarrollo de las naciones. En 2008, por ejemplo, un estudio de la OCDE mostró cómo niveles de protección más robusta en materia de patentes se asocian positiva y significativamente con la disponibilidad de productos de alta tecnología y con el gasto en I+D. Asimismo, y no obstante el derecho exclusivo que éstas otorgan, puede resultar sorpresivo que sean una herramienta, y de las más efectivas, para promover la transferencia de conocimientos y tecnología. Un estudio de los economistas Leveque y Meniere (2006) muestra que el 88% de los negocios en EEUU y Japón se basan en la información divulgada a raíz de los procesos de otorgamiento de patentes. Así, en vez de bloquear el conocimiento, en realidad estimulan la investigación. Pero la evidencia parece no hacer eco en nuestros parlamentarios. A propósito de la discusión del proyecto de ley de Fármacos II, la Comisión de Salud de la Cámara aprobó indicaciones que debilitan la protección a la propiedad industrial al ampliar el alcance de las licencias no voluntarias, incorporando elementos altamente discrecionales en su determinación. Socavar la protección de la propiedad industrial bajo la errónea premisa que impide el acceso a bienes y servicios no se encuentra apegado a la evidencia.  Es de esperar que en lo que resta del trámite, el argumento vuelva a plantearse y persuada a quienes mantienen dudas.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, publicada en La Tercera.-