Gestión de Personas y Modernización del Estado

Cuatro centros de estudios realizaron un análisis con propuestas sobre la modernización del Estado. El CEP, Chile 21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo eligieron dos grandes temas para abordar este importante desafío: gestión de personas en el Estado e Información y Transparencia.

El informe sobre Gestión de Personas, al que me referiré en esta columna, hace en primer lugar un análisis acerca de la situación actual del empleo público en Chile. Describe cómo las personas a contrata, una forma excepcional de relación laboral más flexible que la de planta, se ha transformado en la norma al representar cerca del 70 % del total de personas contratadas en el Estado. Si bien esto ha permitido superar la extrema rigidez de las plantas, ha impedido formar en el Estado una dotación más profesional ajena a los vaivenes de la política.

La segunda parte del Informe avanza en propuestas de mejora acordadas por la Mesa, que sin representar un óptimo para cada uno de los que la formamos, sí se constituye en un avance importante respecto a la situación actual en la tarea de modernizar el Estado. Una de las materias que no se abordó, aunque se reconoce la importancia de hacerlo a futuro, es la pertinencia de una negociación colectiva en el sector público y las características que ésta debiera tener si se decide llevarla adelante.

El trabajo analiza el Sistema de Alta Dirección Pública, la situación de los asesores de Ministros, Subsecretarios y Jefes de Servicio; y un tercer grupo que es el de los funcionarios públicos no incluidos en las dos categorías anteriores, vale decir el grueso de las personas que trabajan en el Estado. En el caso del sistema de ADP se valora su existencia y se amplía marginalmente su uso permitiendo que sus directivos postulen a cargos en otros servicios, pero no se hacen propuestas de cambio sustancial a la espera de la evaluación de las efectuadas recién a fines de 2016. El reconocimiento de una categoría de asesores de altas autoridades representa una innovación, al aceptar que autoridades políticas necesitan una dotación menor de personas de confianza, que debieran dejar la administración cuando sus jefes abandonen sus cargos.

Las propuestas para los no incluidos en Alta Dirección Pública y asesores, concentran el grueso de las propuestas de la Mesa y se subdividen en: ingreso, estructura, calificaciones, promoción, capacitación, remuneraciones y desvinculación.

En materia de ingreso a la administración pública, la propuesta más importante es la realización de concursos en un sistema único de ingreso, que había sido dejado de lado con la proliferación de las contratas. Estos concursos utilizan las ternas, que deben ser integradas por al menos dos funcionarios, con la novedad que éstos pueden pertenecer a otro servicio, o a una municipalidad o incluso en algunos casos a ex funcionarios.

Respecto a la estructura interna, se concede mayor flexibilidad a los servicios para modificarla, pero dentro de un proceso de reestructuración sobre bases técnicas, eliminando los aumentos de grados nominales a una persona que hoy son discrecionales, utilizando en cambio otras asignaciones o promociones para premiar el desempeño, cuestión que mencionaremos más adelante.

En materia de calificaciones, se elimina la vinculación automática al despido y se utiliza una curva forzada de distribución grupal para evitar que todos queden con máximas calificaciones.

En relación a la promoción, se pretende una mayor movilidad vertical y horizontal sobre la base de concursos atendiendo al mérito y considerando desempeño, calificaciones y antigüedad.

Respecto a la capacitación, se quiere avanzar hacia un sistema integral en que parte de los recursos hoy utilizados por los servicios se liciten en forma conjunta en una suerte de Academia de Servicio Civil para hacerse cargo de necesidades transversales a los servicios. Se contempla mayor participación del Servicio Civil.

En cuanto a remuneraciones, éstas dependerán del grado y de las asignaciones por antigüedad, capacitación, desempeño y funciones críticas, contemplándose algunos cambios a la manera en que se aplican hoy día.

Por último, en materia de desvinculación existirán criterios objetivos para poner término a la relación por razones fundadas, contemplándose una indemnización similar a la de las relaciones laborales privadas.

Hay dos propuestas adicionales en esta parte del Informe. La primera tiene que ver con la estructura o arquitectura institucional del Estado para acompañar esta modernización y la segunda se ocupa de la transición.

Respecto a la arquitectura, se propone que el Consejo de Alta Dirección Pública que hoy participa sólo en la selección de altos directivos, pase a ser un Consejo del Servicio Civil, que extendería su ámbito a una segunda tarea cual es la gestión y desarrollo de las personas que trabajan para el Estado, lo que obligaría a considerar algunos cambios en la dedicación de los Consejeros, manteniéndose en lo sustancial el sistema para nombrarlos. Se contempla también un reforzamiento del rol del Servicio Civil y se propone coordinar algunas de las funciones de la DIPRES y la Contraloría en el sistema de gestión de personas en el estado.

La transición debiera realizarse considerando que el nuevo régimen regirá para todos los nuevos ingresos y promociones. Respecto a los actuales funcionarios de planta no se verán afectados por la reforma, excepto que quieran participar en el nuevo régimen quedándose o concursando para promoverse. No se llenarán las vacantes en las antiguas plantas. Los funcionarios a contrata con menos de dos renovaciones deberán sujetarse al nuevo régimen en su próxima renovación y los de más de dos renovaciones deberán hacerlo sólo si postulan voluntariamente a un concurso. La transición debiera ser acompañada de incentivos para los actuales funcionarios que quieran acogerse a retiro.

El conjunto de estos cambios debiera contribuir significativamente a tener en el futuro una administración pública más profesional y calificada, cuestión que nuestro país necesita con urgencia.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-