La oposición tropieza con la misma piedra y vuelve a cometer un error político al rechazar, en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, la fuente de financiamiento de los recursos destinados a aumentar la subvención a los hogares colaboradores del SENAME. Y es que ya habían incurrido en un desacierto político de similar naturaleza en el proyecto de ley sobre Aula Segura. En tal oportunidad, fueron los senadores de oposición de la Comisión de Educación los que erraron el foco al extremar su visión garantista de los derechos de quienes cometen actos violentos y gravísimos en los colegios, en desmedro de las facultades de los directivos de los establecimientos educativos y de las necesidades de los alumnos que aspiran poder aprender en un ambiente seguro. En tal caso, el rumbo fue corregido por la Comisión de Hacienda del Senado y posteriormente ratificado por las salas de ambas Cámaras. ¿Ocurrirá lo mismo con los recursos para aumentar la subvención a los organismos colaboradores del SENAME? Esperamos que así sea y se corrija el actuar de una oposición que aparece distanciada, indiferente y, lo que es peor, a veces desafiante de las necesidades y demandas concretas de la ciudadanía y, en particular, de los niños más vulnerables.

Uno puede elucubrar sobre las razones para explicar esta conducta, sin perjuicio del error político en el que, inexorablemente, deriva. Tal vez pueda deberse a un eventual desprecio que cierto sector permanentemente manifiesta hacia la labor que efectúa la sociedad civil (en tanto colabora con el Estado para la consecución de diversos fines). En base a ese desprecio, generan desconfianzas que, en buena medida, los lleva a sobre regular muchas de estas actividades y a repeler políticas como las contenidas en Aula Segura -tendientes a fortalecer el rol de los directivos de los establecimientos educacionales- o a recibir con inexplicable desdén el programa “Compromiso País”. Otra razón para el rechazo, y que pudiese tener un fundamento a mi juicio más razonable, estribaría en las dudas sobre el buen uso de los recursos públicos, siempre escasos. Este argumento, atendible en abstracto, en el caso concreto pierde asidero toda vez que el mismo proyecto de ley fortalece de manera importante la fiscalización de los recursos que se entregan, aumenta los niveles de transparencia y establece sendas sanciones en caso de infracción.

El punto es que mas allá de los evidentes traspiés politicos de la oposición, sería bueno que repararan que no solo se hacen un flaco favor al alejarse de las verdaderas necesidades de las personas, sino que (y mucho más relevante) dejan desatendidas necesidades diarias, reales, graves y concretas de los niños de este país. Considerando que la iniciativa lleva más de siete meses en trámite, lo cierto es que es hora de estar a la altura y de abrir aquellas puertas que se orientan a dar soluciones a las necesidades urgentes, en vez de seguir dando inentendibles portazos.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, publicada en La Tercera.-