El Congreso Nacional cuenta con comisiones especializadas para conocer en detalle los proyectos de ley sometidos a su estudio. Estas instancias solicitan y reciben informes sobre las iniciativas legales en trámite, abren espacios para escuchar opiniones de expertos y de quienes se verán afectados por la regulación, intercambian preguntas y respuestas con el Poder Ejecutivo y, en definitiva, debaten y votan. Esta discusión y conocimiento de los temas puede tomar varias semanas, sobre todo cuando se trata de temas técnicos, de alta complejidad y/o que generarán efectos permanentes, en múltiples dimensiones.

La discusión así descrita, en plazos prudentes, abre opciones para que las visiones contrapuestas, de buena fe, puedan darse una oportunidad para entender y aceptar los argumentos del contradictor, o para rebatirlos con fundamentos y datos que desafíen al promotor de la iniciativa a defenderla con más datos y argumentos. Posiblemente, mientras más compleja sea la materia a abordar, mayor debiera ser el espacio de deliberación en el Congreso. Pero esa relación no siempre se da y en más de una ocasión ha faltado coherencia entre la complejidad técnica de la iniciativa y los tiempos que el Congreso destina para abocarse a su conocimiento, más allá de las urgencias legislativas. Así por ejemplo, la reforma tributaria promovida por el gobierno anterior, aprobada en el año 2014, de carácter estructural y que implicó un rediseño del sistema tributario chileno, se tramitó y aprobó en menos de 6 meses por el Parlamento, tomando tan solo un mes y medio el primer trámite ante la Cámara de Diputados. En el ámbito de las reformas en materia educacional, también estructurales, el gobierno anterior se autoimpuso y propuso al Congreso plazos breves y ajustados para la tramitación y aprobación de la nutrida agenda de reformas, incompatibles con una discusión profunda.

Hace unos días trascendió que la Cámara de Diputados busca votar la idea de legislar sobre la iniciativa de modernización tributaria del gobierno del Presidente Piñera, recién, en enero de 2019. Y es que parlamentarios de oposición han manifestado que no se trata de un tema fácil y que no se puede hacer una "reforma a la carrera". Pero en 2014, la Cámara no tuvo inconvenientes en correr a toda velocidad la posta. En fin. ¿Aprendió el Congreso la lección y se dará más tiempo para conocer esta iniciativa? o ¿pasamos del rechazo a la idea de legislar -que ciertamente iba a ser muy costosa para la oposición- a dilatar la votación?

Por el mes de octubre, la Cámara de Diputados parece salvada por la campana, dado que se abocará mayormente a conocer el proyecto de ley de presupuesto de la Nación para el año 2019. Pero despejados los temas que puedan resultar más complejos del presupuesto, no habrá excusas para postergar el estudio en plazos razonables (compatibles con una sana discusión pero sin dilaciones innecesarias) de la propuesta de modernización tributaria.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-