Comienza la discusión por el salario mínimo

La economía chilena viene saliendo de un período de estancamiento donde, durante cuatro años consecutivos -y de manera inédita- se contrajo la inversión. Como resultado, se registró una tasa de crecimiento de la economía promedio para el período 2014-2017 de sólo 1,7%, muy por debajo de la tasa de crecimiento del mundo, y, sin duda, por debajo de las capacidades de Chile. Naturalmente, esta situación incidió directamente en el mercado laboral, el que sufrió una precarización significativa. Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet se crearon sólo 484.000 empleos, casi la mitad que en el primer gobierno de Sebastián Piñera (969.200). Dentro de esta menor generación de empleos, se observa también que el “gran perdedor” fue el empleo asalariado privado: sólo se crearon 280 mil empleos asalariados, de los cuales más de la mitad fueron empleos públicos.

Este es el contexto en el cual se comienza a discutir una nueva alza del salario mínimo.

En general, los reajustes de salario debieran realizarse principalmente por dos factores: productividad e inflación. Respecto de la productividad, claramente en Chile hay un retraso en la materia. Tal como ha planteado la Comisión Nacional de Productividad en su último Informe Anual, durante 2017 se estima que la Productividad Total de Factores (PTF) agregada para la economía chilena cayó y mantiene una preocupante reducción en su tasa de crecimiento desde el año 2000. Por tanto, no estamos siendo más productivos, de forma que no se justificaría un incremento de sueldo por este motivo.

Además, dado el delicado momento que enfrenta el mercado laboral, se debe recordar que un incremento importante de este salario protege a aquellos que gozan de un empleo de calidad, manteniendo fuera, y con más dificultades para acceder a él, a quienes se encuentran haciendo trabajos precarios (sin contrato y sin cotizaciones) además de aquellos que producto del aumento del salario mínimo pudieran caer de un trabajo formal a uno informal. Con todo, no debiera esperarse un reajuste mayor al incremento de precios registrado el 2017 (2,3%).

Actualmente en Chile el salario mínimo es de $ 276.000 y ha venido subiendo de manera persistente, y en términos reales de $ 205.031 en 2008 a $ 276.000 en 2018, es decir, un 35% de incremento. En este contexto, es bueno recordar que “salario mínimo” no es lo mismo que “salario ético”, si definimos este último como aquel que permite cubrir todas las necesidades de un hogar. La persona que contrata a un trabajador, sea una empresa pequeña o grande o una persona natural, no es el responsable de asegurar los recursos mínimos necesarios para un hogar, sino que contratará a las personas en relación al trabajo que desarrollarán. Si los ingresos totales obtenidos por los trabajadores no son suficientes para poder solventar los gastos necesarios del hogar, es el Estado a través de las políticas sociales, el llamado a proveer ello (y ese es el sentido, por ejemplo, del programa “Ingreso Ético Familiar”).

Columna de Carolina Grünwald, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-