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Fin a impunidad de Maduro

El Mercurio

Inexplicable es que el régimen del Presidente Maduro no reciba más sanciones internacionales, después de su fraudulenta reelección. Es posible apretarle los tornillos para forzarlo a transitar a la democracia.

El Grupo de Lima, que incluye a Chile y a las principales democracias latinoamericanas; las siete mayores potencias de Occidente: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón e Italia; y la Unión Europea, parecen inmovilizados.

Desapareció el temor al poder exterior del chavismo: no cabe la amenaza de su influencia ideológica, sus financiamientos, subsidios petroleros y de su comercio exterior. Vastos sectores de izquierda y los presidenciables López Obrador de México, y Petro de Colombia se han diferenciado abiertamente del régimen venezolano. El PT de Brasil, Lula, Dilma y Cristina Fernández, otrora aliados, guardan silencio. Ecuador, en los hechos, está fuera del ALBA.

El apoyo —reducido a Xi, Putin, Assad, Evo Morales, los clérigos iraníes y de los gobernantes de Argelia y Cuba— confirma el aislamiento de Maduro, ninguno comparte los principios de la libertad, todos aspiran a la reelección indefinida.

Con Venezuela destruida, social, económica y moralmente, por Chávez y Maduro, están dadas las condiciones para incrementar la legítima presión de los gobiernos del continente apoyados por los europeos.

Es inaceptable que Venezuela tenga una numerosa agregaduría militar en Santiago y en los países de la región. Las fuerzas armadas venezolanas, principal sustentación de ese régimen, deben sentir el aislamiento. Lo mismo su diplomacia y embajadores y los de Cuba, el otro soporte importante: merecen asumir el costo, y ver limitado su acceso a los organismos internacionales, a las autoridades chilenas y demás en el extranjero. Si el Grupo de Lima sigue estancado, nada impide medidas unilaterales. Indispensable es urgir la cooperación europea para sumar países caribeños, a fin de aplicar la Carta Democrática y marginar a Maduro de la OEA. El Reino Unido no puede estar indiferente a que once miembros del Commonwealth Británico en la región estén ausentes o sean contrarios a esa causa. Habrá que proseguir en esa senda en varios otros foros regionales. Se hizo en Mercosur. Y no se objetó la reciente asamblea de la Cepal en La Habana. La Corte Penal Internacional es competente para juzgar los crímenes de Maduro y sus dirigentes.

En Chile hay transversal apoyo para estas y otras medidas: no existen las limitaciones que tuvo la Nueva Mayoría, el Partido Comunista no es parte del Gobierno y ni sumado a unos pocos del Frente Amplio es capaz de impedirlas. El Gobierno debe reforzar, con prontitud y efectividad, el apoyo unilateral y bilateral que merece el pueblo de Venezuela.

Columna de Hernán Felipe Errázuriz, Consejero de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-

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