Un primero de enero doscientos años atrás se firmó el Acta de la Independencia de Chile. 
El juramento ocurrió días más tarde, el 12 de febrero de 2018, a un año de la crucial Batalla de Chacabuco, consolidando así el proceso de liberación iniciado el 18 de septiembre de 1810.
Cuando en 2010 celebramos el segundo bicentenario de Chile, el recién inaugurado primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se proponía para el 2018 alcanzar un nivel de desarrollo semejante al que entonces exhibían países considerados ricos, como, por ejemplo, Portugal. La meta era ambiciosa -exigía un crecimiento del ingreso per cápita de casi 5% al año-, pero posible, debido al buen clima de la economía mundial y al impulso de las políticas procrecimiento del nuevo gobierno. Ese sueño se frustró cuando, años más tarde, el país dio por asegurada la prosperidad económica y creyó oportuno desviar la vista hacia la redistribución de los ingresos, incluso al costo de frenar la inversión y la productividad.
Será tal vez una ironía del destino, pero he aquí que, al cumplirse ahora el bicentenario de la proclamación de la independencia, tras contundente victoria electoral, nuevamente le toca al Presidente Piñera asumir las riendas del gobierno y otra vez las expectativas económicas vuelan alto. La economía mundial marcha a buen tranco, el cobre se eleva sobre los tres dólares, los inversionistas extranjeros vuelven a mirar hacia Chile, la bolsa sube más de 30% en el año y el peso se fortalece.
Las semejanzas son patentes, pero dos enseñanzas de las experiencias recientes no pueden ser pasadas por alto. La primera es que no basta un favorable clima externo e interno para impulsar un crecimiento económico duradero. Es necesario poner en marcha una amplia batería de medidas para fortalecer el ahorro, promover la inversión y soltar las amarras que inhiben la libre competencia y el espíritu emprendedor. Para reanudar el crecimiento, el nuevo gobierno, más que trazar detallados planes de acción en todos los campos del quehacer nacional, debe priorizar un conjunto acotado de objetivos viables en materia de austeridad fiscal, reforma tributaria, flexibilidad laboral, agilización de trámites y eliminación de barreras anticompetitivas. Las buenas expectativas con que hoy cuenta podrían frustrarse si en sus primeros meses no es capaz de poner en marcha una convincente agenda procrecimiento.
La otra enseñanza es de orden político: el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino el medio para crear oportunidades y brindar seguridades. El nuevo gobierno deberá hacer realidad muchas de las aspiraciones de justicia y solidaridad que el gobierno saliente no fue capaz de satisfacer, precisamente porque trabó la maquinaria del crecimiento económico. En la medida que incorporemos bien las lecciones que nos dejan las últimas dos administraciones, ahora sí, en el bicentenario de la Declaración de la Independencia, podremos retomar la carrera hacia el desarrollo.
