Han transcurrido casi 10 años desde que se aprobara la denominada Ley Lafkenche y las luces de alerta comienzan a multiplicarse. No es para menos. La disputa por el borde costero solo puede ir en aumento a medida que crecen las solicitudes de pueblos originarios para ejercer su derecho preferente en áreas cuyos usos han sido y seguirán siendo diversos.

En efecto, la Ley Lafkenche estableció una preferencia para las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) por sobre otras solicitudes de concesión en el borde costero, tales como concesiones acuícolas para el cultivo de salmones y mitilidos, concesiones marítimas para turismo y emisarios submarinos y destinaciones marítimas para caletas pesqueras y áreas de manejo para la extracción de recursos bentónicos que se otorgan a pescadores artesanales. La idea original fue reconocer los usos ancestrales realizados por los pueblos originarios en estas áreas, permitiendo que pudieran mantener sus tradiciones y cultura (usos consuetudinarios), como la pesca, los ritos religiosos y las actividades recreativas y medicinales, entre otros.

Los múltiples intereses sobre el uso del borde costero son ciertamente atendibles, tanto por parte de los pueblos originarios como de aquellos que requieren de su aprovechamiento para el propio sustento y para el desarrollo de actividades productivas. Sin embargo, la aplicación de la ley ha acarreado una serie de problemas.

En primer lugar, la mera solicitud invocando esta normativa genera una suspensión inmediata de cualquier otro tipo de concesión en trámite. El procedimiento es suficientemente engorroso como para que tome siete o más años dirimir respecto de la solicitud. Ello está generando un severo problema para actividades tan diversas como la pesca artesanal, la acuicultura, la construcción de puertos, el turismo y otros, con retrasos o incluso postergaciones indefinidas, lo que afecta no solo a futuras actividades, sino también a concesiones que deben ser renovadas.

Las solicitudes de ECMPO han comenzado además a incrementarse en tamaño, y es probable que comiencen a constituirse nuevas comunidades indígenas para ejercer este derecho. A la fecha se han solicitado más de 2,3 millones de hectáreas, concentradas mayoritariamente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y ya ingresó la primera solicitud en el norte, en la región de Atacama.

Ciertamente en el espíritu de la ley no se pretendió generar un instrumento especulativo ni bloquear la actividad productiva del país pero, en los hechos, eso sí está ocurriendo. La responsabilidad de ello radica en la propia ley que no estableció las restricciones necesarias para dar racionalidad a las solicitudes, establecer criterios claros para acreditar el uso consuetudinario, compatibilizar el aprovechamiento del borde costero entre actividades diversas y fiscalizar el adecuado uso del territorio.

Es necesario, por tanto, no solo avanzar en una mejor gestión de los servicios públicos involucrados para agilizar los procesos, definir criterios objetivos y entregar mayor información, sino que inevitablemente se deberá revisar la ley antes que las tensiones entre legítimos intereses de las partes se conviertan en una nueva fuente de conflicto en el país.

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-