Pienso, luego hago lo contrario

Al igual que como ha sucedido con otras iniciativas, el proyecto de Universidades del Estado comienza con una declaración de los más sensatos principios, para luego establecer una serie de normas que apuntan precisamente en el sentido contrario.

En su artículo primero, el proyecto plantea que “Las Universidades del Estado son instituciones de educación superior de carácter estatal… con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura.” Desarrollo integral y progreso, dos conceptos que solo un monstruo no estaría de acuerdo en fomentar. Sin embargo, a la hora de distribuir los recursos, estos loables objetivos pasan completamente al olvido.

El proyecto contempla dos fuentes de financiamiento especial para las Universidades del Estado; Un fondo permanente denominado “Convenio Marco” que deberá ser de al menos $ 35.750 millones al año, y un fondo transitorio de $ 150.000 millones a distribuir en 10 años.Teniendo en cuenta las palabras iniciales, cabría esperar que los criterios establecidos para distribuir estos recursos tuvieran alguna relación con el aporte que hace cada una de estas instituciones al desarrollo del país y al progreso de la sociedad. Criterios como el número de publicaciones, el número de alumnos vulnerables titulados, la cantidad de profesores con algún reconocimiento público, etc.

Pero lamentablemente el proyecto no establece ningún vínculo entre la asignación de los recursos y el aporte que hace la universidad. En el caso del fondo permanente, se plantea que “los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda”. Esto es muy grave, porque finalmente queda a discreción de las autoridades de turno cuanto recibirá cada institución, y ya sabemos cómo termina esa historia.

En cuanto al fondo de $ 150.000 millones, se crea un comité que tendrá la función de aprobar, supervisar y hacer seguimiento a las iniciativas a financiar con estos recursos. Nuevamente se deja al criterio de un pequeño grupo de personas la forma en que serán distribuidos los recursos, sin que se establezcan criterios que vinculen la recepción de recursos a la contribución social de la institución.

Las palabras iniciales, quedan entonces solo en eso. Bonitas palabras.

Columna de Cristina Tupper, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-