Mucho se ha hablado de las malas reformas llevadas a cabo por el actual gobierno; sin embargo, es posible que aún no hayamos dimensionado su real impacto. Graves errores de diagnóstico han dado pie a soluciones equivocadas, cuyo efecto sólo se verá cuando estén plenamente en régimen. En el caso de la educación escolar ya hay algunas luces -más bien, sombras- de lo que se viene. Anuncios de cierres de colegios y la paralización de inversiones son los primeros síntomas de una política fallida hasta en su nombre: la Ley de “Inclusión”.

Las cosas claras: los ideólogos de la reforma al sistema de educación escolar antepusieron sus propios prejuicios a la voluntad de los padres. Aseguraron que el mal que aquejaba a la educación radicaba principalmente en la existencia de lucro en algunos establecimientos, que la selección de alumnos era impropia de un prestador de servicios educacionales financiado con recursos públicos y que el financiamiento compartido inducía una segregación inaceptable. No pareció importarles que las preferencias de los padres dijeran lo contrario: 55% elegía matricular a sus hijos en colegios particulares subvencionados. De éstos, 67% optaba por financiar parte de la educación de sus hijos escogiendo colegios con copago; y 68% prefería ir a colegios con fines de lucro.

Algunos podrán argumentar que solo los que podían pagar tenían acceso a colegios de mayor costo, pero olvidan que desde 2008 existe la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que entrega recursos adicionales a alumnos pertenecientes al 40% más vulnerable, prohibiendo cobrar copago a sus familias. Esto se suma a la obligación que tenían los establecimientos con financiamiento compartido de integrar al menos un 15% de niños vulnerables. Si bien quedaba mucho camino por recorrer, la dirección en que caminábamos había permitido grandes logros, como la disminución de la brecha en los resultados SIMCE entre alumnos de distintos niveles socioeconómicos.

Lamentablemente, los argumentos valen poco frente al poder de la ideología, que dio vida a la consigna de “fin al lucro, la selección y el copago”. Y el siempre útil comodín de la gradualidad permitió adelantar anuncios y dejar los costos al que venga después.

Así, por ejemplo, la ley exige que los establecimientos estén organizados como personas jurídicas sin fines de lucro al 31 de diciembre de este año para seguir recibiendo subvenciones del Estado. Hasta julio, apenas un 15% de los 4.975 establecimientos particulares subvencionados que tenían fines de lucro al 2015 había hecho tal transformación, pese a que existían incentivos concretos para hacerlo antes del 30 de junio pasado. Eso significa que más de un millón de estudiantes están hoy en establecimientos que no cumplen aún con las condiciones para seguir recibiendo subvención en 2018.

Otras de las iluminadas exigencias de la ley es que los establecimientos deberán ser dueños de la infraestructura al año 2023, situación que complica la continuidad de los prestadores en el sector. Ya son decenas los establecimientos que han decidido cerrar o convertirse en colegios particulares pagados, con el consecuente perjuicio para sus alumnos.

Como si ello fuera poco, la prohibición de cobrar copago se traducirá en un congelamiento de los aranceles hasta que el Estado pueda cubrir toda la diferencia. Ello tiene consecuencias nefastas: reduce sostenidamente el financiamiento en términos reales de los establecimientos con copago; reemplaza recursos hasta ahora aportados por las familias por fondos del Estado, desaprovechando la oportunidad de usar esos recursos en aumentar el gasto por alumno que hoy no alcanza ni a un cuarto del gasto promedio por alumno de los países de la OCDE; y congela el abanico de proyectos educativos a los actualmente existentes pues no podrán surgir otros a menos que sean gratuitos y que un burócrata autorice su creación.

Las restricciones suman y siguen, pues considera además la prohibición de la selección de estudiantes, salvo excepciones, con altas exigencias y limitado a un 30% de la matrícula. Ni hablar de los requerimientos administrativos que hoy mantienen completamente ahogados a los colegios subvencionados.

Esta mala política está destruyendo la provisión mixta y diversa de proyectos educativos. Urge buscar soluciones que permitan despejar la incertidumbre y destinar los esfuerzos y recursos a mejorar la calidad de la educación escolar.

En lo inmediato, parece inevitable postergar los plazos impuestos por la ley, para evitar una situación de inviabilidad de los establecimientos subvencionados. Junto con ello, resulta ineludible repensar el insensato modelo educacional impuesto. ¿Es razonable prohibir a los padres financiar algo tan fundamental como la educación de sus hijos, acotando ese derecho a una minoría económicamente más privilegiada? ¿Es apropiado que habiendo proyectos educativos con buenos resultados académicos se les obligue a transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro, desconociendo su legítimo derecho a obtener ganancias por ello? En cuanto a la selección, es probable que un sistema centralizado como el que debiera aplicarse a futuro sea una solución para algunos establecimientos, pero ¿debe imponerse a todos o cabe valorar la disponibilidad de proyectos educacionales diferenciados?

Sabemos que una política mal diseñada y peor implementada puede tener altos costos para el país; pero cuando se trata de la educación de nuestros hijos es, simplemente, impresentable.

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-