Modernización de las empresas del Estado: el verdadero rescate

Las empresas públicas han llenado titulares nuevamente, y es que cada cierto tiempo resurgen las críticas en cuanto a los aportes extraordinarios que el Estado les hace. Hoy nos encontramos efectivamente con una serie de compromisos de capitalización y, pese a su importancia, en la discusión hay algo que se olvida: el rol que éstas desempeñan.

En Chile existen 29 empresas públicas y es por ello, que llama la atención que cinco de ellas estén en proceso o recientemente hayan sufrido modificaciones legales. Esta semana, el Congreso aprobó el nuevo gobierno corporativo de ENAP y una capitalización por US$ 400 millones. Además, se encuentran en trámite legislativo modificaciones a la Ley de TVN que también contiene aportes del Estado, y la creación del Fondo de Infraestructura como una nueva Empresa. A ello, se deben sumar las aprobaciones de las ampliaciones de giro de Metro S.A. -para operar buses de superficie- y a la misma ENAP -para entrar en el mercado de la generación de energía eléctrica- aprobadas el año pasado. De la misma forma, también se debe considerar la próxima capitalización que se efectuará vía Ley de Presupuestos a Banco Estado, producto del nuevo proyecto que modifica la Ley de Bancos. 

Lo anterior deja de manifiesto la relevancia que debe tener en la discusión si estas empresas cumplen o no un rol social y, si en razón de ello, se les entrega mayores recursos. Si bien las empresas públicas tienen teóricamente este rol, también deben cumplir con generar utilidades, para maximizar los recursos públicos. Aunque presupuestariamente los aportes extraordinarios no se contabilizan como gasto público, pues corresponden a transacciones de activos financieros, destinar recursos a empresas donde el rol social es discutible y no a otros proyectos puede no ser la decisión más eficiente.

Un principio a recoger, es que las empresas públicas se deben a la nación y a partir de ello deben operar y administrarse en vista de su interés social y la rentabilidad financiera del ejercicio de su giro. De ahí la relevancia de revisar su gobernanza, pues un buen gobierno corporativo materializa su debida independencia, de modo que el gobierno de turno no se implique en su gestión. Cabe hacer presente que siempre se debe diferenciar la actuación del Estado como propietario de empresas públicas del la rol que tiene como regulador del mercado para evitar la generación de distorsiones de competencia.

Una propuesta en este sentido es modernizar el Sistema de Empresas Públicas (SEP), entregándole un marco institucional adecuado a nivel legal, y dejar bajo su mandato a la mayor cantidad de empresas públicas, excluyendo aquellas que estratégicamente no opten por dicha vía, donde podrían encontrase aquellas relacionadas con la defensa nacional, por ejemplo. De esta forma, se podrán establecer normativas comunes a las empresas sometidas a este sistema.

Todo ello, con el fin de propender a buscar mecanismos de mejoras de gestión, de evaluación, gobernanza y rentabilidad de las inversiones de las empresas públicas, y en el caso particular de las capitalizaciones, que no solo se trate de ir al rescate de la empresa con una mirada a corto plazo, donde finalmente sólo se suplan falencias financieras.

 

Columna de Cristina Torres, abogada del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-