Reforma a la Ley de Bancos

El Gobierno presentó recientemente al Congreso el proyecto que busca modificar la Ley de Bancos. Cabe destacar que la última gran reforma al sistema bancario data del año 1986 y surgió como reacción a la crisis cambiaria y bancaria de nuestro país y Latinoamérica, que según información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) tuvo un costo fiscal del 43% del PIB, implicó un aumento de la deuda pública de casi 88% del PIB y tuvo como resultado la intervención y quiebra de diversas instituciones bancarias. Los principales aspectos de la ley de 1986 decían relación con introducir nuevas atribuciones al supervisor bancario y establecer nuevos mecanismos de resolución bancaria.

Posteriormente, en 1997, se realizó una nueva reforma a la Ley de Bancos, la que tuvo por objeto introducir algunas de las recomendaciones de Basilea I. Desde entonces, nuestra normativa bancaria no había sufrido modificaciones relevantes, pese a que en el intertanto fueron dictadas las normas de Basilea II y III, y que a nivel internacional ocurrieron crisis como la subprime o la bancaria de Europa. Dado lo anterior, la presentación de un proyecto que actualice nuestra normativa es una buena noticia, ya que su aprobación permitirá que nuestra regulación adopte algunas de las mejores prácticas y estándares internacionales sobre la materia.

Las modificaciones propuestas a la Ley de Bancos pueden ser agrupadas en tres grandes áreas: i) Modificaciones al gobierno corporativo del supervisor bancario, ii) Adaptación de los estándares internacionales de requisitos de capital dispuestos por Basilea III y iii) Modificaciones a los mecanismos de resolución bancaria. Además, es posible distinguir otras modificaciones de diversa índole, como el aumento a la garantía estatal a los depósitos desde 120 UF a 400 UF, con la restricción de 200 UF por institución bancaria, el aumento de las exigencias para directores de banco o los mayores resguardos para recursos depositados en cuentas corrientes para menores de edad.

En materia de gobierno corporativo, las modificaciones buscan incorporar la actual SBIF a la recientemente creada Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Dicha institución, que reemplazó mediante la Ley 21.000 a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), busca reunir bajo un mismo órgano las funciones que realizaban ambas superintendencias con el propósito de mantener una visión general y sistémica del mercado bajo un mismo criterio regulatorio. Si bien la creación de la CMF es positiva, se debe tener cuidado con la implementación que se haga de esta, debido a que al reunir dos instituciones en una sola existe el riesgo de que se produzcan desbalances que descuiden algunas de las labores, en especial si la SBIF se integrará de manera posterior, una vez que se apruebe la Ley de Bancos.

En materia de adaptación de las normas de capital de Basilea III, adicionalmente al 8% de requerimientos de capital existentes actualmente se le adiciona un 2,5% adicional de Activos Ponderados por Riesgo (APR) de manera permanente, alcanzando un 10,5% de requerimiento patrimonial total. Por sobre esto, se le agrega un requerimiento denominado "buffer sistémico" que varía entre los 1 y 3,5% de APR, que le pueden ser exigibles a los bancos calificados como sistémicos; el denominado "buffer contracíclico" de 0 a 2,5 de APR, que es gatillado conjuntamente entre el Banco Central y la CMF, y tiene por objeto mitigar la incubación de riesgos sistémicos. Finalmente, y vinculado al Pilar II de Basilea, que tiene por objeto asegurar una adecuada gestión de riesgos, se plantea un requerimiento adicional que puede llegar al 4,0% para aquellos casos en que la CMF estime que las exigencias de capital antes mencionadas no sean suficientes para cubrir los riesgos específicos de un banco en particular.

Por tanto, es posible que los requerimientos de capital que se impongan a una institución determinada lleguen a alcanzar un 20,5%, lo que podría afectar seriamente la viabilidad de algunas instituciones. Se debe revisar, además, cuáles son las causales que gatillarían estas mayores exigencias de capital.

En cuanto a las modificaciones a los mecanismos de resolución bancaria, es decir, las herramientas legales para intervenir bancos con problemas, y manejos de crisis, el proyecto elimina la figura del convenio de acreedores e incorpora un plan de regularización temprana, que según señala el proyecto, busca establecer una herramienta que permita normalizar la situación de un banco respecto del que se puedan prever problemas en su situación financiera, con anterioridad a que estos se materialicen. Al mismo tiempo, se amplía la figura ya existente del administrador provisional o inspector delegado a los incumplimientos del plan de regularización o que se incurra en infracciones o multas reiteradas, entre otras causales. Quedan dudas respecto de la fijación de los parámetros exigibles y potenciales espacios de arbitrariedades respecto de la procedencia del nombramiento de un interventor en causales que no parecen ser de gravedad suficiente que ameriten la intervención de la institución, con las implicancias que esto conlleva.

Finalmente, es importante señalar que la discusión de este proyecto es un buen momento para despejar las dudas que quedaron respecto del perímetro regulatorio que tiene la CMF y los potenciales espacios de arbitrariedades regulatorias que se podrían dar dada la actual redacción de la Ley 21.000, además de conocer cuál es la estructura interna que se plantea para el funcionamiento de la comisión.

 

Columna de Francisco López, Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio Legal.-