La hora de los balances

Las autoridades no han desaprovechado tribuna para dar cuenta de que en los últimos cuatro años nos habríamos transformado en un mejor país: bajo desempleo, caída en la pobreza y desigualdad, mayor acceso a la educación e importante inversión social, no obstante estar en un “contexto más restrictivo”. Lamentablemente, esta realidad está muy lejana a la que se vive en Chile.

Solo se han creado cerca de 99 mil puestos de trabajo al año, muy por debajo de los 255 mil del gobierno anterior. La administración pasada recibió el país con una tasa de desempleo cercana al 10%, terminando en marzo de 2014 con un nivel algo superior a 6%. Mantener el desempleo relativamente constante como lo ha hecho este gobierno (a costa principalmente de empleo por cuenta propia, mayormente sin acceso a seguridad social) no es comparable con esta rebaja de casi tres puntos.

Algo similar ocurre con las cifras de pobreza. Si bien ésta cayó entre 2013 y 2015, la lucha en su contra disminuyó en intensidad: mientras entre 2009 y 2013 nuestro país redujo la pobreza en 427.251 personas al año, en el período 2013-2015 la disminución anual cayó a 217.634 personas. Respecto a la caída en la desigualdad, el “logro” de reducción del Gini de 0,5 a 0,495 ocurrió gracias a una reducción de la velocidad de crecimiento de los ingresos, que afectó en mayor medida a los más ricos. Bajo este criterio Chile también estaría mejor si todos los ingresos cayeran, en especial el de los quintiles superiores, lo cual no parece ser el resultado de un país más próspero.

Tampoco parece del todo correcto justificarse en un “contexto más restrictivo”. La baja sostenida en nuestras tasas de crecimiento no se funda solo en un menor precio del cobre. Las políticas internas han generado incertidumbre y las malas perspectivas han deprimido la inversión. El bajo crecimiento y los compromisos adquiridos harán que el próximo gobierno, si quiere cumplir las metas de reducción de déficit, deberá recortar gastos por cerca de US$ 1.800 millones, lo que equivale a más del 80% del gasto anual en pensiones solidarias realizado por el Estado.

Es sabido que el beneficio de la gratuidad en educación superior solo es posible para quienes llegan a ella, oportunidad a la cual pocos estudiantes vulnerables logran acceder. Se optó por destinar millonarios recursos a este fin en vez de entregar herramientas durante la educación escolar para derribar las barreras que los grupos más necesitados tienen para alcanzar los niveles superiores.

La eliminación del copago reemplazó recursos privados por públicos, despreciándose la oportunidad de poder inyectar mayores recursos a la educación escolar. Además, con la exigencia a los sostenedores de ser dueños de los establecimientos, disminuirán aún más la disponibilidad de recursos que pueden dedicar a la educación de los niños.

Por último, políticas reconocidas transversalmente como valiosas -como la ampliación de beneficios del seguro de cesantía- son la materialización de reformas impulsadas por la anterior administración, las cuales no pueden ser atribuidas completamente a este gobierno. ¿Es Chile hoy un país más justo e inclusivo? Juzgue usted mismo.

 

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-