El viernes pasado el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció un plan de reestructuración al interior de la institución. El planteamiento, de 27 propuestas, se genera tras los hechos de faltas a la probidad en que se vieron envueltos algunos funcionarios y constituyen una señal orientada a recuperar el capital de confianza con el que contaba Carabineros antes de este hecho aislado. Cabe recordar que en los estudios de opinión es de las pocas instituciones que logra mantener sus niveles de confianza a pesar de la desafección que existe a nivel general, y un 54% de las personas manifestó mucha o bastante confianza por ella en la última medición CEP 2016.
Así, estas medidas anunciadas vienen a elevar el estándar de Carabineros de Chile, puesto que contribuyen a generar una cultura de transparencia que gradualmente se ha ido instaurando cada vez más en organizaciones que cumplen un rol público, y que la ciudadanía exige cada vez más.
Dentro de las más destacadas está la que dicta que en 2017 no habrá egresados de oficiales de la Escuela de Carabineros, ya que se ha decidido agregar a esta carrera materias relacionadas con gestión y control financiero para evitar posibles casos como el denominado “pacogate”.
Otra novedad relevante relacionada con la administración de bienes es la incorporación de civiles altamente capacitados en gestión y control financiero, lo que requiere una creación de un nuevo escalafón de “profesionales civiles” y para lo cual será necesaria una modificación legal. Asimismo, se realizarán auditorías externas de las finanzas de Carabineros y se aumentará el número de funcionarios de la institución que debe hacer declaración de patrimonio. Con todo esto se están introduciendo a la institución lógicas externas de administración que pueden ser más profesionales y eficientes.
Por otro lado, existirá una mayor investigación a quienes quieran dejar la institución, haciendo una retención de la renuncia durante seis meses con el fin de verificar que no hayan cometido delitos. Esto marca un hito, puesto que actualmente si un funcionario renuncia mientras se encuentra bajo investigación, ésta queda sin término y se frena la pesquisa. Este es uno de los puntos más importantes que incidirá en la confianza, ya que al existir una investigación profunda para cada caso que busque retirarse probablemente desincentive situaciones puntuales como las que se han dado. En la práctica, operará como un disuasivo frente a la corrupción. A esto se agrega el aumento de la responsabilidad administrativa a cinco años, una señal ejemplificadora que busca cerrarle espacios a la impunidad.
Otro anuncio es la creación de un sistema de control de calidad de los servicios prestados a la comunidad, para lo que se establecerán distintos medios de comunicación entre Carabineros y la sociedad civil. Esto supone traer más confianza desde la población a la institución que vela por la seguridad pública. Generar lazos entre los distintos actores suele fomentar un mayor respeto y confianza, algo que se ha ido desgastando durante este año, pero que es necesario rescatar.
En síntesis, las medidas adoptadas por Carabineros en conjunto con el Ministerio del Interior muestran la importancia de la probidad para una institución que es capaz de generar propuestas de cambio a fin de que hechos aislados no enloden su imagen pública. Hay que valorar el hecho de que Carabineros responda yendo un paso más allá de la contingencia y es de esperar que, con los cambios propuestos, continúe liderando en los índices de confianza y los lamentables episodios recientes sean sólo un traspié en su brillante historial.
Columna de Antonia Vinagre, investigadora del programa Sociedad y Política, de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-