A pesar del gran consenso sobre la necesidad de generar medidas apropiadas para proteger de manera efectiva a los niƱos, el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso perpetĆŗa las diferencias entre los menores que son atendidos por los centros de administraciĆ³n directa del Sename y los que son atendidos por instituciones colaboradoras privadas.
La semana pasada comenzĆ³ la tramitaciĆ³n de los proyectos de ley que separan el Sename en dos servicios: el de ProtecciĆ³n Especializada de NiƱos y NiƱas, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; y el Servicio Nacional de ReinserciĆ³n Social Juvenil, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Con esto, el Servicio de ProtecciĆ³n Especializada asumirĆa el rol de la generaciĆ³n de polĆticas sociales para aquellos niƱos que han sido vulnerados, y el de ReinserciĆ³n tendrĆa la responsabilidad de coordinar los programas del sistema de ejecuciĆ³n de sanciones y el proceso de reinserciĆ³n social para los adolescentes que hayan infringido la ley.
Debemos recordar que la idea de separar la institucionalidad del actual Sename no es nueva. En 2012 el Gobierno anterior presentĆ³ un proyecto de ley que proponĆa una divisiĆ³n similar del servicio, sin embargo, no se discute desde el 7 de abril de 2014.
Lamentablemente, este cambio institucional no significa necesariamente mejoras en la calidad en los programas. Tal como se observa al evaluar la iniciativa del Servicio Especializado, no se asignan mayores recursos a los programas de reparaciĆ³n ni tampoco se evidencia un cambio sustancial en cĆ³mo se procede con los niƱos.
La separaciĆ³n que se propone ya existe en la prĆ”ctica, lo que no obsta que debiese reforzarse. A pesar de que el Sename era responsable tanto de los niƱos que requerĆan protecciĆ³n como de los infractores, Ć©stos estaban divididos en tres Ć”reas: protecciĆ³n, justicia juvenil y adopciĆ³n, con centros de internaciĆ³n y centros residenciales distintos.
Pese a que casi de la totalidad de las atenciones (un 98%) son realizadas por Ā las instituciones privadas que colaboran, la nueva iniciativa que se propone genera mayores restricciones para la sociedad civil. En la prĆ”ctica, el proyecto plantea una serie de sanciones para las instituciones privadas que vulneren la atenciĆ³n de los niƱos, sin embargo, no queda estipulado que Ć©stas se apliquen a las instituciones administradas directamente por este Servicio. Al respecto, recordemos que las dos muertes que ocurrieron en 2016 fueron en centros administrados directamente por el Sename.
En cuanto al financiamiento, sĆ³lo se aumenta el lĆmite mĆ”ximo de la subvenciĆ³n que pueden recibir los centros residenciales administrados por entidades acreditadas y no se asignan mayores recursos a otro tipo de programas que permiten tratar y recuperar a los niƱos. Se debe tener en cuenta que, en promedio, una instituciĆ³n privada que tiene un niƱo en su centro de residencia recibe aproximadamente mĆ”s de $260 mil mensuales por cada menor, mientras que un centro de administraciĆ³n directa mĆ”s que triplica esa suma.
Existe un gran consenso sobre la necesidad de generar medidas apropiadas para proteger mejor a los niƱos. Sin embargo, nos preocupa que el foco nuevamente se ponga en proteger la intervenciĆ³n que realiza el Estado, en desmedro del importante rol que cumple la sociedad civil para el sistema de protecciĆ³n de la infancia. En la prĆ”ctica, esto Ćŗltimo genera una de las mayores injusticias, al discriminar tanto en los recursos como en la preocupaciĆ³n que reciben los niƱos que son asignados a las entidades acreditadas, en relaciĆ³n a los que asisten a los programas administrados directamente por el Estado.
Columna de Paulina Henoch, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en El LĆbero.-
