Constitución de Aladino

Algunas columnas de los últimos días dejan la impresión que en el tema constitucional el panorama podría ser esperanzador. Quiero argumentar lo contrario y sostener que, por al menos dos razones, el asunto solo ha empeorado.

La primera dice relación con la retórica que envuelve el proceso. El ministro Fernández, que sabe de estos temas, dijo a La Tercera que “casi todos los problemas que se viven diariamente tienen que ver con la Constitución”. El ministro Eyzaguirre, que no es hábil con las analogías, afirmó sin sonrojarse que “el tipo de pan, de techo y de abrigo y a quién le llega, depende del marco constitucional”. Me niego a creer que ambos ministros crean de verdad lo que están diciendo. La historia y el sentido común muestran que los problemas de pan, techo y abrigo se solucionan por medio de políticas públicas acertadas. La Constitución poco aporta en todo eso. Pero el que lo hayan dicho coordinadamente muestra que ese será el discurso oficial.

Por eso no es de extrañar los resultados de la Cadem de ayer. La gran mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución porque, en realidad, nos han vendido que ésta será la “Constitución de Aladino”, esa que hace realidad todos tus sueños. Y mientras todo siga al nivel de las frases simples, como las de los ministros, la adhesión por una nueva Constitución no bajará.

La segunda razón que alimenta el pesimismo es el ninguneo al Congreso. Todo parte en el mensaje que afirma más de una vez que se necesita una reforma “que habilite el total reemplazo de la Constitución vigente”. Por primera vez el gobierno sostiene que la única forma de tener una nueva Constitución es aprobando una reforma habilitante. Así se atrinchera en el maximalismo de una tesis que sostiene que solo habrá cambio total si éste se hace fuera del Congreso. Ello no solo es políticamente extremo sino que jurídicamente erróneo pues en el Congreso reside la potestad constituyente.

Pero el ninguneo ya es brutal cuando el proyecto, como si nada, despoja a los legisladores de la decisión constitucional, una de las más relevantes en el proceso político. Lo hace al proponer una instancia (la Convención Constitucional) que es configurada por el Congreso y luego dejada a su suerte. Es decir, los representantes, ley orgánica mediante (¿la resurrección de las LOC?), se desprenden de la decisión constitucional para transferirla a la nueva convención. ¿Qué virtud democrática tiene ésta por sobre el Congreso? ¿No es esa una forma de seguir deslegitimando la política pues supone que los políticos no son capaces de tomar la decisión constitucional y por ello deben transferirla?

La única esperanza es que nadie haya reflexionado mucho sobre todo esto y solo hayan buscado un objetivo de corto plazo: unir de una vez a la desafectada Nueva Mayoría en torno a algún proyecto. Para hacerlo el gobierno sabía que debía sacar del papel la asamblea constituyente y crear algo bastante parecido pero con otro nombre. Y es ahí donde los cerebros de La Moneda concibieron la Convención Constituyente, sin importar que de paso estén erosionando el rol del Congreso. ¿No es eso algo que debiera criticarse duramente?

Columna de Sebastián Soto, Director del Área Constitucional de LyD, publicada en La Tercera.-