Una reforma disruptiva

Habiéndose cumplido largamente el plazo autodefinido por el gobierno, finalmente éste ha enviado al Congreso Nacional un proyecto que introduce un nuevo artículo en el actual Capítulo XV de la Constitución que regula las reformas constitucionales. El proyecto viene a establecer un nuevo mecanismo de reforma que se sustenta en la creación de una Convención Constitucional, figura que se aparta de los lineamientos originales dados por el Ejecutivo.

Cuesta entender la porfía del gobierno en seguir impulsando un proceso de reforma que concita escaso interés entre los chilenos y que no sintoniza con sus reales preocupaciones. Sabido es que las principales prioridades de los chilenos son el crecimiento económico, generación de empleo, educación de calidad, salud, seguridad ciudadana, entre otros, aspectos en los cuales el gobierno exhibe un evidente déficit de iniciativas. Es cierto que la gente dice querer una nueva Constitución cuando se le pregunta autónomamente, pero cuando analiza la relevancia del tema en relación con otros problemas, la reforma constitucional siempre se ubica entre las últimas prioridades. El tema constitucional es una discusión de élites, que no va a resolver los problemas reales de los chilenos.

No hay que olvidar que el gobierno envía esta reforma porque quiere seguir discutiendo el mecanismo sin que todavía sepamos ni hayamos discutido que hay que cambiar de la Constitución. Es una forma de evitar entrar en los temas complejos que generan tensiones al interior de la Nueva Mayoría. Con este proyecto, el gobierno insiste en poner la carreta delante de los bueyes. El sentido común, que no necesariamente abunda en este Gobierno, sugiere que lo primero es identificar los temas que requieren un perfeccionamiento. Hay muchos que pueden mejorarse y por eso Chile Vamos hizo un conjunto de 80 propuestas para reformar la Constitución. Una vez identificados los temas en cuestión, corresponde hacer los cambios siguiendo la institucionalidad vigente.

Aunque algunos personeros de la Nueva Mayoría parecieran olvidar o desconocerlos, los mecanismos para modificar la Constitución y el espacio para su discusión están claros. Tal como ha sido nuestra larga tradición republicana, esta tarea le corresponde al Congreso Nacional, máximo depositario de la soberanía popular. Y aquí radica lo más disruptivo y grave del proyecto: se salta al Parlamento y lo descalifica como legítimo espacio deliberativo. Es un intento del Gobierno de la Nueva Mayoría por privar a aquél de lo que han sido sus atribuciones y responsabilidades tradicionales en una democracia representativa y un Estado de Derecho.

Parece oportuno recordar que el nuevo Presidente del Senado, Senador Andrés Zaldívar, declaró recientemente con ocasión de su elección: Ha sido un proceso de participación ciudadana que se debe valorar y considerar. Sin embargo, hay que ser claro, la facultad constituyente está radicada en el parlamento. Será en esta sede donde debemos decidir el contenido de nuestra carta fundamental de acuerdo con las normas vigentes de nuestra constitución“.

Una mención especial merece la justificación del ministro Eyzaguirre para impulsar este proceso: la supuesta ilegitimidad de la Constitución, explicación que no es compartida por destacados políticos y constitucionalistas de su propia coalición de gobierno. Sin ir más lejos, el ex Ministro Jorge Burgos nos recordaba recientemente que dicho argumento es “feble”, considerando las más de 30 reformas que en plena democracia ha tenido el texto constitucional así como su aplicación y respeto riguroso durante los últimos 25 años. En este sentido, la justificación del ministro Eyzaguirre parece más bien un último intento desesperado del Gobierno por mantener vigente un proceso constitucional que solo genera más dudas que certezas, prefiriendo ahondar en una reforma que solo causa incertidumbre en momentos que los chilenos reclaman confianza y certidumbre.

Considerando que el actual Gobierno tiene un nivel de apoyo que roza el 20% y que sus reformas generan amplio rechazo entre los chilenos, cabe preguntarse si es el momento más oportuno y adecuado para presentar un proyecto de esta naturaleza. Un gobierno que ya se encuentra en una fase terminal, y que ha demostrado tener un diagnóstico errado de los problemas que afectan al país y una enorme incompetencia para diseñar e implementar sus reformas, solo hace presagiar que ésta será otra de sus malas reformas, sumando a su triste legado una reforma disruptiva en lo constitucional.

 

Columna de Francisco Orrego, Subdirector Áreas Constitucional Legislativa y Política de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-