En marzo próximo debiera quedar definida la agenda legislativa del Gobierno para su último año de administración. Para ello, ha trascendido que el Ejecutivo, luego de haber hecho las consultas de rigor con las diversas carteras ministeriales, ha priorizado 48 iniciativas en diversos ámbitos. Aunque aún resta consensuarlas con los partidos de la Nueva Mayoría, un grupo de senadores oficialistas ha adelantado una opinión favorable a la propuesta gubernamental. Realismo ha sido la característica destacada por los parlamentarios en especial en un año marcado por elecciones parlamentarias y presidenciales.

Nada de reprochable tiene que el Ejecutivo pretenda definir una agenda legislativa para su último año de Gobierno con el objetivo de alinear a sus parlamentarios en torno a una hoja de ruta común. Es un ejercicio de realismo político legítimo, pero que choca con la creciente falta de unidad al interior de la coalición de gobierno. En ese sentido, al realizar este ejercicio, el Gobierno asume que la dificultad de sacar adelante una agenda por falta de unidad en el último año tiene también una alta dosis de realidad, en especial en época electoral, donde el personalismo, la demagogia y el populismo serán la tónica. Frente a los bajos niveles de apoyo del Gobierno, el riesgo de la dispersión, del desmarque y del camino propio es alto.

Pero más que realismo para definir esta agenda, lo que los chilenos esperan del Gobierno en su último año de gestión es responsabilidad. Pensar que solo el contexto electoral condiciona el éxito o fracaso de dicha hoja de ruta legislativa, así como sus prioridades, es un error. Parece que en el análisis del Gobierno no se consideraron otros factores igual o más importantes que las elecciones.

Que sea un año electoral es solo un dato. Más relevante es el contexto político y económico que vive el país. Estamos frente a un Gobierno con un nivel de desaprobación históricamente alto (cercano al 80%), con un crecimiento económico preocupantemente bajo (inferior al 2%) y con un amplio rechazo a sus reformas emblemáticas (tributaria, laboral y educacional) y a su deficiente gestión y escaso liderazgo en situaciones de emergencia. Por otra parte, las principales preocupaciones de los chilenos distan de aquellas que el Gobierno estima como prioritarias. En efecto, las aprensiones de los chilenos están en la seguridad ciudadana, en el desarrollo económico, en la atención de salud y las oportunidades de empleo, entre otras. En consecuencia, una agenda legislativa responsable descansa necesariamente sobre la premisa de que ella está en plena sintonía con lo que quiere la gran mayoría de los chilenos.

Escapa a esta columna un análisis de mérito de cada una de las propuestas. Pero desde ya se observa una inconsistencia manifiesta entre la necesidad de impulsar el crecimiento económico y las reformas a la Constitución y al Código de Aguas que promueve el Ejecutivo. Estas últimas han causado una profunda inquietud en diversos sectores del país porque ambas amenazan con atentar contra la certeza y estabilidad jurídica y afectar la actividad económica en distintos rubros. Tanto así que diversas autoridades ministeriales (Burgos en su momento y Valdés más recientemente) han debido salir a despejar responsablemente los temores que, por ejemplo, existen respecto de una reforma al sistema de propiedad privada en Chile.

A estas alturas la historia y legado de este Gobierno ya está escrito y nada lo va a cambiar -ni siquiera su agenda legislativa-: este es el Gobierno con peor desempeño político y económico desde el retorno de la democracia, por lo que las expectativas para su último año de gestión no son altas. Por el bien del país y de todos los chilenos es de esperar que el Gobierno actúe con seriedad y responsabilidad en materia legislativa. Churchill afirmaba que "el precio de la grandeza es la responsabilidad". ¿Será mucho pedir en el último año de mandato?

Columna de Francisco Orrego B., Subdirector  de LyD, en El Mercurio