Definiciones (e indefiniciones) previsionales

Si queremos una pensión mayor debemos ahorrar más. Por más tiempo, por mayor monto o con mayor frecuencia. En eso no hay duda. Por esto, si la masiva marcha de hace un par de semanas fue leída por el gobierno como una demanda por mayores pensiones, aumentar el ahorro parecía ser un camino a seguir. Sin embargo, el anuncio presidencial de esta semana, no obstante lo vago, fue mucho más allá. Además de cambios regulatorios a la administración del sistema, y otras propuestas de modificaciones al pilar de ahorro contributivo vigente, la esencia del anuncio fue la propuesta de un aumento gradual (en a lo más 10 años) de 5 puntos porcentuales en la cotización, pero no para aumentar el ahorro de los trabajadores, sino que para crear un nuevo fondo solidario. El único detalle adicional entregado respecto a este tema fue que una parte (desconocida) de estos nuevos recursos financiarían un aumento de las pensiones vigentes y otra (también desconocida) un incremento en las pensiones futuras de los actuales cotizantes. En simple: en a lo más 10 años (no sabemos a qué velocidad) se cotizará por un 50% más que ahora, pero dicho menor salario líquido no nos permitirá aumentar nuestro ahorro previsional. Los nuevos recursos se destinarán a un fondo que (1) no sabemos cómo será administrado, ni en quién ni bajo qué reglas recaerá dicha responsabilidad; y (2) no sabemos a quienes ni bajo qué requisitos entregará beneficios.

No es trivial cómo se resuelvan los aspectos por ahora no definidos. No obstante estas indefiniciones, el anuncio si fue claro en algunos puntos. El primero, es que el aumento en la cotización propuesto es un impuesto al trabajo, y tendrá las consecuencias de un impuesto al trabajo. Esto implica, por una parte, efectos macroeconómicos, como menor nivel de empleo, menores salarios, entre otros. Asimismo, dicho impuesto podría incentivar la evasión de las cotizaciones (por ejemplo, imponiendo por una menor remuneración, desincentivando la cotización formal, etc.), lo cual jugaría en contra tanto del financiamiento del sistema como un todo como del monto que ahorran los trabajadores para su retiro. Por ello, el aumento en 5 puntos porcentuales en la forma anunciada, aun cuando se implemente de manera gradual, debe estar acompañado al menos de una evaluación de sus efectos en el mercado laboral.

Lo segundo es que el anuncio introduce un componente de reparto al sistema. No sabemos por ahora de qué tamaño. Pero sí sabemos que si se busca financiar pensiones vigentes con cotizaciones de los trabajadores, esto se podría volver insostenible dada nuestra realidad demográfica: mientras hoy hay menos de 5 chilenos entre 18 y 65 años por cada mayor de 65, en el año 2050 sólo habrán cerca de 2. De flotar esta idea, serán las generaciones futuras las que se llevarán la carga que impliquen las decisiones que se tomen hoy.

Pero no sólo eso. Al introducir un componente de reparto, se pierde la posibilidad de aumentar la inversión a través de un mayor ahorro. Además, se genera un espacio para que grupos de presión busquen mejores condiciones de pensión. Total, la cuenta no la pagan ellos. Las diferentes condiciones que negociaban cada una de las cajas de nuestro sistema antiguo y lo ocurrido recientemente en gendarmería son claros ejemplos de este punto.

El segundo componente del fondo corresponde a elementos intrageneracionales, esto es, financiar pensiones futuras con cotizaciones vigentes. Si los aportes de unos financiarán las cotizaciones de otros, disminuye la apropiabilidad de los fondos, incentivándose también con ello la evasión de cotizaciones, lo cual juega en contra no sólo de la formalidad de nuestro mercado laboral, sino también del ahorro y por ende de los beneficios que el sistema es capaz de entregar (justo el problema que se quiere resolver).

Se ha dicho que la fórmula escogida es para introducirle solidaridad al sistema. No olvidemos que el sistema ya es solidario desde sus orígenes (PASIS, pensiones mínimas y actualmente a través de los beneficios del Pilar Solidario, PBS y APS). Hoy, a través de rentas generales, todos contribuimos con cerca de 1,7% del PIB para entregar pensión a quienes no cotizaron o una mayor pensión a quienes no lograron niveles de ahorro suficientes. ¿Por qué no mejor avanzar por esta vía, en paralelo a un aumento en el ahorro individual de los trabajadores, estudiando previamente el efecto que esto último podría traer en nuestro ya deteriorado mercado laboral?

Columna de Alejandra Candia, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Pulso.-