Más que nunca ha estado en la discusión pública, lo que equivocadamente se ha llamado la elección directa de los intendentes (en realidad lo que se busca elegir es un nuevo cargo que se viene creando -el de gobernador- y que no tiene mayores competencias, atribuciones o funciones). El mayor espacio dedicado a este tema por parte de los medios se debe a que el gobierno está corriendo contra el tiempo para efectos que pueda cumplir con la promesa de elegir esta figura regional el año 2017. Una vez más se observa que la autoridad está más preocupada en  mostrar que se hizo algo, en vez de preocuparse de que lo que se haga se haga bien.

Elegir en forma directa (y apurada) autoridades que en la práctica serán “el arroz del plato” en nuestra institucionalidad regional, resulta inentendible y, sobre todo, una irresponsabilidad. Algunos han planteado que una vez que se cuente con autoridades regionales electas, sería imparable el desencadenamiento de un proceso descentralizador y por ende aunque esta nueva figura electa no tenga atribuciones hoy, mañana si las tendrá. Pero ello es lo más cercano a plantear que “en el camino se arregla la carga”, lo cual para efectos de definir aspectos de la institucionalidad de nuestras regiones, resulta una irresponsabilidad.

Para hacer las cosas bien, primero se debe transferir a regiones –por medio de un cronograma explícito y fijado por ley- determinadas competencias, acompañadas de los recursos financieros y humanos, que hoy en día se mantienen en el gobierno central.  Junto con ello, modificar las leyes que hoy radican esas competencias en instituciones que dependen del nivel central evitando así duplicidades y falta de claridad en quién es responsable de qué.

Una vez que tengamos gobiernos regionales fuertes, con competencias reales y con la capacidad de llevar adelante esas tareas, es conveniente plantear la elección de la autoridad regional.  Ello no está planteado en la agenda del gobierno. El proyecto de ley que hoy habla de transferencia de competencias, sólo fija un marco para hacer este traspaso, pero no las transfiere. Se debe avanzar con certezas en materia de descentralización, fijando por ley qué, cómo y cuándo las regiones se harán cargo de determinadas tareas.

Contar con autoridades regionales electas sin atribuciones, además de generar frustración en las propias regiones, entrampará la posibilidad de avanzar efectivamente hacia un mayor traspaso de competencias. Por ello la elección apurada de Intendentes sólo por cumplir con una promesa de campaña pudiera terminar por enterrar el sueño de un Chile descentralizado.

Columna de Bettina Horst, Gerente General de Libertad y Desarrollo, en Voces La Tercera.-