Finalmente el Gobierno ingresó el proyecto de reforma al sistema de educación superior. Se confirma su intención de avanzar hacia la gratuidad universal, aunque gradualmente, conforme se vayan cumpliendo ciertas metas en cuanto a los ingresos estructurales. Metas que por cierto parecen lejanas: suponiendo un crecimiento del 3% anual y una elasticidad de 1,2, la gratuidad universal no se produciría antes del año 2060.

De esta forma, pareciera que el Gobierno se vio obligado a aterrizar su utopía de la gratuidad, aunque una vez más –y esperemos sea la última- la usó como excusa para lograr otros fines. En este caso, para modelar un nuevo sistema de educación superior que desconoce las cualidades del actual sistema, que dota al Estado un rol preponderante en la definición de aspectos clave, y que desatiende los verdaderos problemas que aquejan a los jóvenes de menores ingresos y por los cuales no acceden a la educación superior.

Así, el proyecto concentra en el Estado excesivas funciones, muchas de las cuales podrían lesionar la autonomía que por ley le corresponde a las instituciones de educación superior. Se le delega la atribución de definir cuántos recursos se entregarán a las distintas instituciones (a través de la fijación de aranceles), los gastos en que éstas deberán incurrir para no desviarse de su propia misión (a través de la labor de la nueva Superintendencia), la cantidad de alumnos que podrán matricular (a través de la fijación del crecimiento máximo de las vacantes), el perfil profesional que las distintas carreras deberán formar (a través de la creación de un marco de cualificaciones), e incluso los estándares de calidad que guiarán el proceso de acreditación y a su vez la distribución de recursos (definidos por la Subsecretaría perteneciente al Ministerio de Educación).

Como resultado, el riesgo es claro: terminar homogeneizando la provisión de educación superior, como si formar a los profesionales del futuro equivaliera a fabricar un commodity o a seguir una receta ideada por el Ministerio de Educación. Y alejándonos no sólo de los mejores sistemas educativos del mundo, sino también de lo que el país y la modernidad requieren.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, en Pulso.-