El Ministro de Hacienda presentó a los Diputados el informe financiero del proyecto de reforma a la Educación Superior, que establece un cambio institucional y el avance gradualmente hacia la gratuidad universal. El próximo año se pretende aumentar el número de instituciones participantes, y el año 2018 se incorporaría a los estudiantes del sexto decil de ingresos. Luego, la extensión de la gratuidad a los alumnos de más altos ingresos se condiciona al cumplimiento de ciertas metas en cuanto a ingresos estructurales.

Hay algunas conclusiones iniciales que sacamos en relación al informe financiero de este proyecto. Primero, surgen dudas relativas al espacio que tendrá nuestro sistema de educación superior para crecer y progresar. El mayor gasto estimado por Hacienda en régimen (US$ 3.370 millones) apunta básicamente a sustituir lo que hoy gastan los hogares en aranceles, pero no contempla la creciente inversión que requerirá nuestro sistema para competir en un mundo que avanza rápidamente.

En segundo lugar, la postergación de la gratuidad universal deja en evidencia lo poco factible de ésta: recién en varias décadas más, el fisco podría asumir el costo total del sistema que tenemos hoy. Se trata de una reforma anacrónica, construida pensando en el hoy y no en lo que queremos tener en el futuro. Y no hay que ir tan lejos; al revisar la última información disponible respecto a las holguras presupuestarias para los próximos 3 años, se encuentra que en lo inmediato no contamos con los recursos para siquiera avanzar en incorporar a la gratuidad a los estudiantes del sexto decil. Esto, incluso antes de reconocer el efecto negativo que tendrá la revisión a la baja de los parámetros estructurales (en el cálculo de las holguras se supuso un crecimiento de largo plazo de 3,6% y un precio del cobre de US$ 2,98 por libra).

Es momento de que los partidarios de la gratuidad reconozcan su inviabilidad. O bien que transparenten qué gastos están dispuestos a recortar para obtener lo necesario para financiar esta iniciativa en los próximos años, pues existen dudas fundadas de que los recursos no están disponibles ni para el largo ni para el corto plazo.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, en Pulso.-