Aunque aĆŗn no se ingresa el texto definitivo, el Gobierno dio a conocer los contenidos del proyecto de ley con que buscarĆ” reformar el sistema de educaciĆ³n superior. QuizĆ”s lo que mĆ”s ha llamado la atenciĆ³n es que el avance hacia la gratuidad universal se realizarĆ” de forma gradual, conforme se vayan cumpliendo ciertas metas en cuanto a los ingresos estructurales. Metas que parecen lejanas: suponiendo un crecimiento del 3% anual y una elasticidad de 1,2, la gratuidad universal no se producirĆa antes del aƱo 2060. Por un lado una buena noticia; en un paĆs como el nuestro, con diversas necesidades sociales, parece una locura privilegiar el financiamiento pĆŗblico de la educaciĆ³n superior de quienes en el futuro serĆ”n los mejor posicionados.
Pero por el otro, es preocupante analizar los alcances que podrĆa tener la reforma a la institucionalidad que propone este proyecto. Y es que pareciera que el Gobierno utilizĆ³ la tan popular gratuidad como excusa para introducir una reforma que lo que hace en realidad es modelar un nuevo sistema de educaciĆ³n superior a su pinta, que desconoce tanto las cualidades como los defectos del actual sistema, y que se despreocupa de resolver los verdaderos problemas que aquejan a los jĆ³venes de menores ingresos y que los imposibilitan de acceder a la educaciĆ³n superior. Ćstos no son realmente el pago de un arancel, sino una educaciĆ³n previa deficiente, que les impide siquiera optar a este nivel educativo, y la necesidad de costear otras urgencias personales o familiares, asĆ como gastos de mantenciĆ³n durante los aƱos de estudio en que no pueden trabajar a tiempo completo. Ćstas, las verdaderas limitantes para mejorar la cobertura en educaciĆ³n superior de los sectores mĆ”s modestos, quedan postergadas una vez que se decide amarrar el crecimiento de los ingresos estructurales al avance en la gratuidad para los alumnos de los deciles de mayores ingresos.
Del mismo modo, el proyecto concentra en el Estado excesivas funciones, varias de las cuales no le corresponden a Ć©ste si no a las mismas instituciones como parte de su autonomĆa. AsĆ, se le delega la atribuciĆ³n de definir los recursos que se entregarĆ”n a las distintas instituciones (a travĆ©s de la fijaciĆ³n de aranceles), los gastos en que Ć©stas deberĆ”n incurrir para no desviarse de su propia misiĆ³n institucional (a travĆ©s de la labor que se delega en la nueva Superintendencia), la cantidad mĆ”xima de alumnos que podrĆ”n matricular (a travĆ©s de la fijaciĆ³n del crecimiento mĆ”ximo de las vacantes), el perfil de profesionales que las distintas carreras deberĆ”n formar (a travĆ©s de la creaciĆ³n de un marco de cualificaciones), e incluso los estĆ”ndares de calidad que guiarĆ”n el proceso de acreditaciĆ³n (que serĆ”n definidos por la SubsecretarĆa perteneciente al Ministerio de EducaciĆ³n).
De esta forma, bajo la excusa de cumplir con la gratuidad y de āterminar con el lucroā, esta reforma bien podrĆa terminar estandarizando la provisiĆ³n de educaciĆ³n superior y la formaciĆ³n de los profesionales del futuro, como si Ć©stos fuesen un commodity. Y restringiendo la masificaciĆ³n de la educaciĆ³n superior que los chilenos demandan. Nada mĆ”s lejano a lo que la realidad y la modernidad exigen.
Columna de MarĆa Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, en La Tercera.-
