Lo que no se vio del Simce 2015

Los resultados de la prueba Simce aplicada el año pasado a los octavos y segundos medios centraron la atención en la importante caída en los puntajes de lectura de segundo medio, sobre todo en los hombres de los grupos socioeconómicos más acomodados. Sin restarle relevancia a este hecho, sobre el cual debiésemos avanzar en encontrar sus causas y ver cómo revertirlo, llama la atención que poco o nada se ha dicho de los resultados de los establecimientos del grupo socioeconómico bajo.

Si uno analiza la información entregada por la Agencia de la Calidad, los establecimientos que atienden a los alumnos más vulnerables obtienen hace más de una década resultados que permanecen estancados en niveles sostenidamente muy por debajo de los 250 puntos. No sólo eso, sino que la brecha con respecto al promedio país ha tendido a ampliarse en el tiempo.

En término prácticos, se suele argumentar que una diferencia de 50 puntos implica cerca de un año de retraso en aprendizajes. La brecha de los establecimientos que atienden a los niños más vulnerables con respecto al promedio país bordea e incluso supera los 30 puntos y muestra una clara tendencia creciente al menos en matemática. Respecto del nivel, y en términos de logro de aprendizaje, estar por más de una década sostenidamente por debajo de los 250 puntos significa que una mínima proporción de los niños vulnerables (cerca de 10%) ha logrado adquirir los conocimientos y las habilidades básicas estipuladas en el currículum y que gran parte de ellos ni siquiera ni logra las habilidades elementales necesarias para su aprendizaje. Resulta incomprensible que esto no haya sido el centro de la noticia de la última entrega.

La agenda actual en materia de educación está centrada en aspectos más bien de forma que de fondo: cambio de razón social del sostenedor, nuevos procesos de selección centralizados, reemplazo de recursos privados por recursos públicos, traspaso de funciones desde municipios al Estado, entre otros aspectos. De calidad poco hemos hablado. La reforma a la Carrera Docente, la que prometía ser el cambio clave para impulsar calidad en los establecimientos que reciben subvención, en vez de aprovechar la oportunidad de terminar con las conocidas rigideces del Estatuto Docente, extendió parte de éstas a los establecimientos particulares subvencionados.

Asimismo, nos hemos olvidado del rol que cumplen las familias como principales fiscalizadores de la calidad de la educación que reciben sus hijos, puesto que con la excusa de no estigmatizar a colegios con malos resultados, desde 2015 los resultados del Simce sólo se entregan a nivel agregado y con fichas por establecimiento. En la práctica esto significa que si un padre quiere saber cómo está el colegio al que va su hijo con respecto a sus alternativas más cercanas, tiene que revisar ficha por ficha de cada establecimiento. Se puede, pero claramente implica un esfuerzo que podría evitarse. En Inglaterra, por ejemplo, con sólo un par de clicks es posible revisar los resultados según localidad, presentados de manera muy amigable, con mapas e información simple que permite hacerse una idea de la calidad de la educación que entrega cada establecimiento[1].¿Por qué no avanzar hacia esa dirección?

En suma, los recientes resultados de los establecimientos que atienden a niños vulnerables dan cuenta de una situación de extrema urgencia, de la cual no hemos logrado hacernos cargo. Avanzar en políticas que apunten a revertir esta realidad y empoderar a los padres a fiscalizar lo que sucede en sus establecimientos debiese ser máxima prioridad para nuestro país.

[1] Ver, por ejemplo,http://www.telegraph.co.uk/education/leaguetables/11374651/A-level-school-league-tables-2014-compare-your-schools-performance.html

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Voces La Tercera.-