El Tribunal Constitucional ha reiterado los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución, los cuales estaban siendo vulnerados con la titularidad sindical. Esto finalmente es una buena noticia en pos de otro de los supuestos objetivos de este gobierno; la lucha contra la desigualdad, que ha sido señalada como el principal problema de Chile.
Considerando esta meta, no se entendía como una de las reformas catalogada como emblemática terminaría teniendo como efecto principal el establecer por Ley una desigualdad arbitraria, consistente en trabajadores de primera y de segunda categoría. De primera serían los que pertenecen al sindicato; de segunda, los que no. Sólo los primeros, en forma independiente de su esfuerzo y empeño, podían mejorar su situación laboral, generándose un daño inevitable a la relación entre productividad y remuneración. La base de la inconstitucionalidad es que nuestra Carta Fundamental garantiza a todos los chilenos la igualdad ante la ley, señalando que no se puede discriminar por sexo, raza, religión, pertenencia a un grupo determinado y menos aún por disposición de la autoridad. La reforma laboral eliminaba esa garantía, al establecer que solo podían negociar colectivamente y obtener determinados beneficios los trabajadores sindicalizados.
La reacción bastante destemplada del gobierno frente a este fallo confirma la percepción de que con la reforma se pretendían modificar de facto importantes garantías constitucionales. Persiste en todo caso una situación de arbitrariedad, ya que si un trabajador no se sindicaliza, haciendo uso de su legítimo derecho a elegir, el empleador no podrá entregarle beneficios similares a los otorgados a los sindicalizados, a menos que el sindicato lo autorice, ya que correrá el riesgo de ser acusado de práctica antisindical.
Como resultado de este fallo, se vuelve a dilatar en el tiempo la aprobación de esta reforma sindical, abriéndose entonces una ventana para que el gobierno vuelque su mirada a los reales problemas del mercado del trabajo, en los que sí se puede hacer mucho para mejorar la distribución del ingreso. Al respecto, en una reunión reciente de los países de la OCDE, donde participó Chile, se concluyó que los objetivos en materia laboral debían ser “remover barreras al empleo, fomentar una mayor flexibilidad en el mercado laboral con efectiva seguridad social, ayudar a los grupos sub representados, potenciar la capacitación y aprendizaje a lo largo de la vida y promover el diálogo social”. En estas materias, la comparación con la OCDE nos deja como tarea aumentar la participación laboral, especialmente de mujeres y jóvenes vulnerables, como condición necesaria e indispensable para disminuir la desigualdad.
La capacitación y la creación de nuevas oportunidades de empleos son claves, ya que la desigualdad en Chile se explica en gran medida por la disparidad de participación en el mercado del trabajo. Sólo 1 de cada 3 adultos del 10% de menores ingresos forma parte de la fuerza laboral, versus casi el 80% del 10% superior. Para las mujeres y jóvenes más vulnerables la situación es peor, menos de un 30% de las mujeres económicamente activas del decil inferior participa de mercado del trabajo y sólo 1 de cada 4 jóvenes. Consistente también con el objetivo de productividad, llegó el momento de enfrentar estos nudos, a través de una reforma en serio de la política de capacitación, avanzar en compatibilización de trabajo y familia, y destrabar las restricciones que tiene el Código del Trabajo para la incorporación de jóvenes, mujeres y adultos mayores. Este es el único camino efectivo para mejorar la situación de los trabajadores más vulnerables.
