Ver gente marchar para cada conmemoración de un hecho importante es casi parte de la rutina. Sin embargo, también hemos observado que la mayoría de las veces las movilizaciones pierden su connotación de pacíficas, dando paso a un nivel de violencia y salvajismo desmedido propio de las guerras tribales de la prehistoria.

Con lo ocurrido el pasado 21 de Mayo en Valparaíso hemos llegado a un punto crítico, toda vez que ya no sólo se trata de daños a la propiedad pública o privada y atentados a servicios de utilidad pública, sino que de una marcha que terminó con una persona muerta producto de un incendio provocado. Ante esto, los medios de comunicación y las autoridades han puesto sus ojos en el actuar de Carabineros, cuestionando el modo en que enfrentaron este incidente.

Carabineros tiene un mandato constitucional de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, debiendo ejercer dichas facultades de acuerdo a la normativa vigente. Cuenta con una serie de instrumentos para hacer frente a situaciones de violencia en la vía pública, como es el control de identidad tanto para encapuchados como para los casos en que existen indicios relativos a la comisión de delitos, la detención en flagrancia, entre otras.

Sin embargo, algo está fallando. Carabineros, pese a que siempre ha cumplido con su deber, ha perdido el apoyo real del Ejecutivo a su gestión. Por el contrario, entidades públicas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos criminalizan el actuar de la policía durante disturbios públicos. Esto, sumado a las constantes querellas y sumarios que concluyen en desvinculaciones, ha terminado por inmovilizar a nuestras policías.

Vemos por un lado cómo un alcalde hace llamados para que el discurso del 21 de Mayo no se haga más en la comuna en vista a proteger la integridad de sus habitantes y su patrimonio, y cómo la gobernación autoriza cuatro marchas en el mismo centro de la ciudad, sin siquiera coordinar o asegurarse de que el contingente policial pueda hacerse cargo de eventuales situaciones de violencia que, por lo demás, no eran muy difíciles de prever.

A su vez, sería pertinente sacar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) al pizarrón, pues quedó más que claro que estos hechos no son espontáneos, sino que obedecen a una organización y actuar premeditado y debidamente financiado, por lo que la labor que este ente realiza queda al debe frente a un país entero.

En una democracia, la libertad de expresión es un valor que no podemos perder, y el derecho a manifestarse pacíficamente es fruto de lo anterior, por lo que en pro del respeto de nuestros propios derechos no podemos "acostumbrarnos" ni menos tolerar que actos de violencia tan despiadados como el ocurrido recientemente sigan manchando nuestras calles, la sensación de seguridad de las personas, el actuar de la justicia y nuestros valores como sociedad libre.

Columna de Sergio Morales, Abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, en El Líbero.-