Avanzando con malos anuncios en educación

Hace exactamente un año, como cada 21 de mayo, la Presidenta realizó una serie de compromisos en materia educacional. Destacaron dos nuevas iniciativas: el envío de un proyecto de ley de desmunicipalización y el comienzo de la gratuidad universitaria. Si bien ésta última fue la que se llevó la mayor atención, creo que ambas son importantes y vale la pena evaluar su avance.

En cuanto a la desmunicipalización, en noviembre del año pasado se ingresó al Congreso un proyecto de ley que establece el traspaso de las escuelas, liceos y jardines infantiles municipales a nuevas entidades más centralizadas llamadas Servicios Locales de Educación (SLE). Parece increíble que a estas alturas aún no se conozca cuáles serán los territorios que cubrirá cada SLE, ni los criterios para su determinación.

La definición de esto es clave, pues este proyecto crea una nueva burocracia estatal para administrar un servicio educativo que será traspasado con su personal administrativo, profesores y asistentes, así como los bienes muebles e inmuebles. Así, prácticamente la principal diferencia entre esta propuesta y la situación actual tiene justamente que ver con la cobertura de los nuevos territorios administrativos. Y hay que decirlo: dada la realidad actual, la desmunicipalización propuesta parece poco viable. No sólo por el insuficiente mayor gasto que contempla, sino también por el número de establecimientos y diversidad de alumnos que se espera administre cada SLE. Si en la actualidad 9 de cada 10 municipios administra 30 o menos establecimientos, y el 99,9% de los sostenedores particulares subvencionados tiene a su cargo menos de 20, parece improbable que los nuevos SLE sean capaces de asumir adecuadamente el control de un promedio de 80, e incluso más de 100.

Respecto a la gratuidad, la meta establecida en el Programa de Gobierno es entregar gratuidad a los 670 mil estudiantes de educación superior (suponemos acreditadas) que provienen del 70% de menores ingresos. El 21 de mayo pasado se comprometió avanzar hasta los del 60% que asistieran a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, y a universidades del Consejo de Rectores (CRUCh). No obstante, la Ley de Presupuestos finalmente dispuso la incorporación de los alumnos del 50% de menores ingresos del país, siempre que estudiaran en alguna de 30 universidades elegibles (las 25 universidades del CRUCh más otras 5). Comparado con la meta inicial del Gobierno, con esto se estaría llegando al 19% de los alumnos pertenecientes a los hogares del 70% de menores ingresos del país.

Pero además, la forma de implementación de la gratuidad 2016 ha sido bastante cuestionada. Por un lado, porque se basa en criterios discriminatorios: excluye a alumnos de instituciones acreditadas que, cumpliendo con la legislación vigente y mostrando buenos indicadores de calidad, no fueron del gusto del Gobierno. En cambio, se incorpora a alumnos de igual o mejor condición socioeconómica de universidades elegidas “a dedo”. Esta discriminación es indiscutible al revisar los números. Mientras en CFT e IP acreditados hay 343 mil estudiantes que provienen del 70% de menores ingresos del país, y el año 2015 se les asignaron 195 mil becas de arancel, la gratuidad 2016 los excluyó deliberadamente. En la vereda opuesta, en las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), donde hay 180 mil estudiantes provenientes del 70% de menores ingresos, se beneficiará a 106 mil estudiantes con gratuidad.

Adicionalmente, el mecanismo para entregar los recursos consiste en la fijación de un monto por alumno calculado a partir de los aranceles de referencia, lo que lleva a que muchas carreras queden desfinanciadas. Según estimamos, en el mejor de los casos –suponiendo que se cubriera hasta el arancel de referencia más un 20%-, 47% de las carreras incluidas en la gratuidad presentaría déficit.

Y para el próximo año, es probable que una vez más se recurra a la Ley de Presupuestos para tratar de avanzar hacia el cumplimiento del compromiso presidencial. La Ministra de Educación anticipó esta semana la intención de duplicar el número de beneficiarios e incluir a la Educación Superior Técnico Profesional. En tanto no se resuelvan los defectos en el mecanismo, nos parece mala la idea seguir extendiendo esta gratuidad. En cambio, ya es hora de transparentar que la gratuidad es una política selectiva, que no permite la masificación de la educación superior que la sociedad chilena demanda, y que de avanzar en ella, no se podrán satisfacer las metas de acceso y calidad a las que se aspira. Por el contrario, una mezcla entre gratuidad para algunos estudiantes meritorios de bajos ingresos, más un sistema general de ayudas estudiantiles basado en becas y créditos contingentes al ingreso para quienes lo requieran, es mucho más consistente con la pretensión de mantener y elevar la cobertura de la educación superior. Hacia allá debiéramos apuntar.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces La Tercera.-