En marzo se espera conocer en quĆ© consiste el Fondo de Infraestructura propuesto por la Presidenta y quĆ© tan entusiasmado tiene al Ministro de Obras PĆŗblicas. La infraestructura pĆŗblica es un bien pĆŗblico que favorece el crecimiento econĆ³mico y sin duda serĆa valioso reactivar las concesiones.
Se tratarĆa de una nueva empresa pĆŗblica que supuestamente gestionarĆa concesiones con una mirada de largo plazo y cuyo patrimonio se integrarĆa con el traspaso del fisco de los ingresos anticipados de los peajes de las obras hoy concesionadas despuĆ©s de ser reintegradas al gobierno. Pero puede ser tambiĆ©n una forma de soslayar la restricciĆ³n presupuestaria. Me parece que los eventuales beneficios institucionales se pueden lograr sin crear una empresa, sino con una gestiĆ³n moderna y eficiente de la Coordinadora de Concesiones, institucionalmente empoderada, sin arriesgar debilitar nuestras fortalezas financieras. A fin de cuentas, si decidimos endeudarnos para financiar mĆ”s infraestructura Āæpor quĆ© no transparentarlo en las cifras?
Primero, debemos entender que las empresas pĆŗblicas no son siempre eficientes. Si se va a instalar una nueva empresa, debiera iniciarse con una institucionalidad lo mĆ”s sana posible, con directores independientes (del gobierno) cuyo fin sea maximizar el patrimonio y ajena a operaciones cuasi-fiscales. SeƱalar en la ley, a modo de resguardo, que la empresa no tendrĆ” pĆ©rdidas, es solo un buen deseo y hay varios casos que sirven de ejemplo: Ferrocarriles es uno que estĆ” muy en el radar de todos, TVN es uno mĆ”s cercano. El caso de Enap es diferente, tiene elementos mixtos y de responsabilidad compartida, pero es en definitiva otro caso de cĆ³mo puede una empresa terminar financiando lo que pudo ser tarea del presupuesto.
Su directorio lo presidirĆa el propio Ministro de Obras PĆŗblicas, contraviniendo desde la partida las mejores prĆ”cticas. Pero un punto a destacar es que las empresas no son servicios pĆŗblicos sino entidades productivas, cuyo fin es maximizar su valor patrimonial en el largo plazo, dejando el Ć”mbito de decisiones de polĆtica pĆŗblica al gobierno central.
En este sentido, no se entiende el rol que cumplirĆa el Fondo. Es difĆcil creer que una empresa vaya a poder sobreponer sus decisiones respecto de quĆ© concesionar, pensando en su patrimonio de largo plazo, imponiĆ©ndose al programa de gobierno, en cualquiera de las carteras ministeriales. Su rol serĆ” mĆ”s bien la de cubrir la diferencia entre la rentabilidad social y la privada (subsidios) de los proyectos concordados con la autoridad en materia de carreteras, cĆ”rceles, hospitales, aeropuertos, vĆas exclusivas, etc.Ā Es evidente que todo esto se asemeja mĆ”s al rol de un servicio pĆŗblico que al de una empresa. Se trata, por tanto, en esencia de mejorar la CoordinaciĆ³n de Concesiones en el MOP, y claro, serĆa de alto interĆ©s e impacto.
En ocasiones se menciona como ventaja no tener control ex ante de la ContralorĆa, lo que siendo discutible, puede evaluarse y obviamente habrĆ”n otras formas de abordarlo.
Entonces no se ven ventajas evidentes, salvo la tentaciĆ³n de contar con una opciĆ³n de mayor financiamiento a travĆ©s de financiar estos subsidios con cargo al balance de la empresa y liberando espacio en el presupuesto anual.
La idea, como se dijo, consiste en que el gobierno aporta como capital un compromiso de ingresos futuros por el valor de los peajes de las concesiones a partir del momento que se reintegren al Estado, neto de costos de mantenciĆ³n. El gobierno se queda con las obras y la obligaciĆ³n de traspasar un flujo de ingresos, y asume el riesgo asociado (cambios tecnolĆ³gicos, fuerza mayor, cambios en los flujos vehiculares, menores peajes, etc.). La empresa se queda con el compromiso de pago Ā del gobierno, los cuales podrĆ” canjear en el mercado de capitales por ingresos presentes.
No habrĆa objeciones si el gobierno reconociera explĆcitamente esa deuda. SerĆa lo mĆ”s transparente, aunque podrĆa seƱalar que como no incluyĆ³ nunca el valor del patrimonio (la infraestructura), no corresponderĆa hacerlo y acudirĆ” seguramente al FMI para avalar el punto. Si no lo hace, simplemente estarĆ” cediendo sus ingresos futuros, aumentando el gasto presente en subsidios en infraestructura sin incluirlo en el presupuesto pĆŗblico (para que no se note), liberando espacio ademĆ”s a otros gastos presupuestarios con la misma regla fiscal que define el gasto mĆ”ximo.
El monto comprometido, sin embargo, no queda necesariamente acotado al patrimonio inicial, antes explicado, pues frente a concesiones de obras nuevas, en la fecha de vencimiento el gobierno seguramente querrĆ” incorporarlos a su patrimonio, cediendo a la empresa ahora los peajes futuros de estas nuevas obras y repitiendo la misma figura. MĆ”s aĆŗn, eventualmente, si le va mal a la empresa, siempre podrĆ” endeudarse con el aval del Estado, aumentando ahora de esta forma las fuentes de financiamiento de que dispone la empresa.
Esta fĆ³rmula financiera, precisamente cuando las finanzas pĆŗblicas presentan un dĆ©ficit estructural por sincerar que puede llegar a 2% del producto o quizĆ”s algo mĆ”s, es una tentaciĆ³n que mĆ”s vale evitar. En su momento el gobierno se dejĆ³ llevar por la atractiva idea de financiar con crĆ©ditos āno reembolsablesā el Transantiago, pero lo mejor de nuestra tradiciĆ³n es no caer en estas fĆ³rmulas y en todo caso corregirlas a tiempo.Ā
Recomiendo cuidarse de la tentaciĆ³n, mejorar la gestiĆ³n del MOP, solucionar los problemas polĆticos internos que frenan las concesiones y reactivar el proceso antes de enredarse en un esquema que tomarĆ” aƱos y tiene alto riesgo financiero. En el peor de los casos, tratar al Fondo en forma consolidada con el gobierno central es lo mĆ”s transparente y consistente con nuestra mejor estĆ”ndar fiscal.
Columna de Rosanna Costa C., Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-
