Competencia y Colusión

 

 

Recorriendo nuestra historia, es posible constatar que Chile ha exhibido su mejor desempeño económico cuando ha existido mayor competencia en sus mercados domésticos. Ello es coherente con la evidencia internacional, donde existe una clara asociación entre mayores grados de competencia y mayores niveles del PIB per cápita. A lo largo de las últimas tres décadas, Chile además ha mostrado -de acuerdo a los indicadores de la OCDE- una sustancial mejora en competencia, lo que ha resultado gravitante para en el progreso del país.

Lamentablemente, los casos y acusaciones de colusión que se han ventilado en el último tiempo parecen poner en duda los logros alcanzados. Ello ha provocado un cuestionamiento al comportamiento del empresariado en general y del modelo económico en particular, estableciendo un vínculo equívoco entre ambos. Las conductas contrarias a la ética no son propias de ningún sistema económico sino, lamentablemente, inherentes a la naturaleza humana. Es por ello que los comportamientos anticompetitivos seguirán observándose en economías de libre mercado, pues en el afán de aumentar la participación y consecuentes ganancias, siempre habrá algunos que recurran a medios ilícitos. Ni siquiera incorporar la sanción penal a la legislación va a evitar que sigamos observando colusiones; basta verificar que en EE.UU., donde ya existe tal sanción, se descubre en promedio un cartel al mes.

La atención debe estar puesta entonces en cómo mejorar el funcionamiento de los mercados. Los desafíos son principalmente dos: profundizar aún más la competencia y perfeccionar la legislación vigente en aquellas materias que aún lo ameritan. Lo primero exige abordar mercados específicos, reduciendo barreras de entrada e incentivando la innovación, y realizar esfuerzos adicionales que tengan efectos transversales. Por su parte, el perfeccionamiento a la legislación vigente debiera abordarse en el proyecto de ley de competencia que actualmente se tramita en el Congreso, lo que podría tener resultados positivos siempre y cuando se den los espacios y tiempos necesarios para su debida discusión.

El hecho que se detecten y sancionen las prácticas anticompetitivas revela que el país se está haciendo cargo. Sin embargo, aun queda camino por recorrer, tanto en la formación empresarial y ejecutiva de quienes aun no entienden el daño que provoca a la economía y a la sociedad su comportamiento anticompetitivo, como en la actuación de la autoridad, que está llamada a obrar con rigurosidad e imparcialidad, lo que no siempre es el caso.

 

Columna de Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas de LyD, publicada en Negocios de La Tercera.-