Hace algunas semanas, tras un proceso sujeto a intenso escrutinio, el Tribunal Constitucional de Colombia recibió un nuevo integrante. La fórmula consiste en que el Senado elige de entre una terna que le propone el presidente, la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según sea el caso. Esta vez, le correspondía el turno al presidente Santos, quien propuso a tres abogados con diferentes antecedentes profesionales. Y en el momento constitucional actual, no estaría mal poner algo de atención a las palabras de quien resultó elegido.

La Corte Constitucional Colombiana ha sido, desde los 90, un tribunal conocidamente activista en su modo de enfrentarse a las contiendas y progresista en el contenido de sus fallos. Así, por vía de interpretaciones de la Constitución, conoce de recursos contra decisiones de otros tribunales, transformándose en los hechos en una suerte de última instancia. Esta interpretación causó profundos conflictos con la Suprema Corte de Justicia colombiana, la que, en muchas oportunidades, simplemente desconoció los fallos de la Corte Constitucional. Este ha sido el proceso que se ha conocido como “el choque de trenes” que perdura hasta hoy.

Otro ejemplo de su activismo se aprecia en diversas sentencias que contienen complejas órdenes a los poderes democráticos para que dicten políticas públicas diseñadas en gran medida por los propios jueces. No contentos con dar la orden, muchas veces incluso han incorporado indicadores de evaluación en el tiempo. Todo esto sobre la base, entre otras, de un concepto que ha sido configurado por la misma corte: el estado de cosas inconstitucionales.

En este contexto, no es extraño que cada proceso de nombramiento despierte mucho interés. Y este no fue la excepción. El presidente Santos realizó diversas consultas antes de proponer la terna. Una vez en el Senado, se efectuaron audiencias en las que los candidatos hicieron sus planteamientos.

La primera de las candidatas de la terna fue Catalina Botero, académica y ex funcionaria de la Corte Interamericana de DD.HH. Su foco estuvo en los valores que emanaban de la Constitución y en cómo ellos debían ser defendidos en la Corte.
Más provocativa fue la exposición de la segunda candidata. Magdalena Correa también es académica y profesora de derecho constitucional. En la audiencia se calificó como una “utópica” y afirmó que creía en “el constitucionalismo de lo programático, de los ideales”. Luego concluyó con su frase más polémica: “Porque, sin vanidades, yo represento ese constitucionalismo de los casi imposibles”.

El tercero, Alejandro Linares, el único varón, es un abogado con menos credenciales constitucionales que ha ejercido principalmente en el área comercial. Llegó diciendo que tenía una visión distinta del derecho constitucional, “mucho más pragmática, que mira el derecho constitucional desde el sector privado”. Y, por eso, sostuvo como una crítica directa a la doctrina del estado de cosas inconstitucionales, que “la asignación del gasto debe ser vía presupuesto más que vía (la acción de) tutela”. El elegido, por amplia mayoría, fue finalmente este último.

Hoy en Chile —cuando muchos creen que la Constitución es la causa de todos nuestros problemas y su reforma la solución a todos ellos— pareciera que caminamos por la senda de los “casi imposibles” que proclamaba una de las perdedoras. No estaría mal, entonces, algo del pragmatismo que defendió el triunfador.

Columna de Sebastián Soto, Director del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo, publicada en Qué Pasa.-