El anuncio de la Presidenta está anclado en gran medida en la confianza que deposita en el proceso de participación ciudadana. Sería ese un momento que empaparía de legitimidad cualquier producto final. Pero esto hay que mirarlo con atención porque, como en otras instancias de este itinerario constitucional, el asunto puede ser sometido a una brutal manipulación.

Como se sabe, desde hace algunas décadas, diversas decisiones de la autoridad son precedidas de un período de participación ciudadana no vinculante. Cuando la participación ciudadana se efectúa sobre temas de impacto local, genuinamente puede aspirarse que esa participación sea menos “capturable” porque los asistentes tienen un interés muy presente y vivo por el cual movilizarse y participar. Si piensan construir una cárcel en su barrio, es claro que su interés se alineará según los efectos locales y concretos que perciben quienes asistan, sin importar mucho la postura ideológica de quien tiene a su lado. Ello, porque los une un impacto concreto y próximo.

Pero ello se diluye casi del todo cuando el tema es un asunto abstracto cuyo efecto es mucho más distante, como es una Constitución. A diferencia del caso anterior, ahora los incentivos a participar se concentran en grupos que ven en ese debate una cuestión relevante no tanto por su impacto específico sino porque entrega un espacio para promover sus agendas e intereses, generalmente nacionales. Entonces, no pensemos, como dice el Ministro Eyzaguirre, que en los cabildos se invitará “a la gente (a) que imagine la Constitución que quiere” para así tener una “lista de preferencias y de deseos”. Es poco probable que ello ocurra porque las personas que podrían hacer eso de un modo desinteresado gastan su tiempo en otras cosas que perciben como más importantes. Las que se tomarán los procesos de participación serán aquellas que ya tienen claras sus preferencias pues forman parte de colectivos que no solo tienen sus intereses predefinidos sino que además son éstos lo suficientemente intensos como para asistir a una proceso que no les reditúa en lo inmediato. Y dado la alta preferencia que demuestran, es poco probable que la deliberación logre conducir intereses variados y a veces contrapuestos, a un proyecto común.

Creer que las instancias de participación son un fiel reflejo de voluntades desinteresadas es otro error que puede hundir el proyecto del Gobierno.

Columna de Sebastián Soto Velasco, Director del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo, publicada en los medios regionales de El Mercurio.-