Columna de Alejandra Candia en Voces: «¡Es la pobreza, ché!»

Todas las miradas están centradas en Argentina luego de los sorpresivos resultados electorales, los cuales serían el principio del fin del kirchnerismo. Analistas especializados han mencionado a la falta de confianza en las estadísticas oficiales como parte de las causas de la debacle del actual gobierno, el cual habría tenido supuesta intencionalidad en alterar a la baja la inflación y también la pobreza. Me centraré en este último debate, muy reciente y además de gran relevancia para nuestra política social.

Los hechos dan cuenta de lo siguiente: el INDEC (equivalente a nuestro INE) habría trabajado entre 2011 y comienzos de 2015 en un indicador alternativo a la pobreza por ingresos, el de pobreza multidimensional, la cual cataloga en situación de pobreza a aquellos hogares que muestran carencias en un “número” determinado de condiciones, en diferentes áreas tales como salud, vivienda, educación, etc.

Ese “número” es a gusto del consumidor, o mejor dicho a gusto de quien entregue las cifras. Lo que trascendió para el caso argentino es que se realizó un primer cálculo para 2012, el cual llevaba a que cerca de 40% de los hogares estaba en situación de pobreza multidimensional porque tenía al menos una condición de carencia. Al cambiar el criterio de una a al menos tres condiciones, automáticamente más de 1,5 millones de hogares dejaban de ser pobres, bajando la cifra a un poco más de 25%. Al parecer ninguno de los dos números fue del gusto del gobierno, lo cual los habría llevado a archivar la nueva metodología y sólo a entregar la cifra de pobreza según ingresos, la cual habría alcanzado 4%.

La historia se pone peor. Después de 2013, el gobierno argentino aludió a “problemas de empalme” y a no querer “estigmatizar” a los pobres, y dejó de publicar la cifra de pobreza por ingresos, el único termómetro que quedaba disponible para poder diagnosticar dicha enfermedad…En vez de centrarme en criticar las decisiones del vecino país (tremendamente erradas desde mi  punto de vista), creo que vale la pena rescatar de esta historia importantes lecciones para Chile.

Basándose en la metodología sugerida en 2014 por la Comisión para la Medición de la Pobreza convocada por el gobierno anterior, nuestro país cuenta con una medición oficial desde 2006 a 2013 de pobreza multidimensional, clasificando en esta categoría a los hogares que presentaran al menos un 25% de carencias. Los resultados dan cuenta que en 2013 15,9% de los hogares se encontraban en situación de pobreza multidimensional, muy por debajo del 25,6% registrado para 2006. De acuerdo a lo estimado por Henoch, Burgos, Méndez (2015), si se hubiese utilizado el umbral sugerido por la citada Comisión, la cifra de pobreza multidimensional para 2013 hubiese caído a 5,6%. ¡Sorpresa! Para Chile tampoco da lo mismo el umbral de carencias escogido.

Otro punto no trivial es qué hay detrás de la cifra de pobreza multidimensional. Siendo ésta muy sensible a los criterios de la autoridad de turno, es clave no quedarnos sólo con el número y si éste sube o baja. Lo relevante es hacer “doble click” a la situación de carencia de cada familia, puesto que pueden caer bajo esta categoría dos familias con realidades muy distintas (ambas bajo el umbral definido y por ejemplo, una con carencias en vivienda y otra con carencias educacionales). No parece pertinente entonces que el Estado promueva una misma política social para un hogar en situación de pobreza multidimensional. Es nuestra obligación ir un poco más allá.

Asimismo, no es irrelevante cual es la batería de indicadores que defina “carencia” en cada dimensión. Por ejemplo ¿Qué significa ser carente en la dimensión educación? Esto también queda a discreción del gobierno de turno, y pueden ser “privaciones” muy distintas, tales como haber asistido a un establecimiento con malos resultados o incluso (si el gobierno así lo quisiera) no haber recibido cursos de educación cívica que expliquen la supuesta “necesidad” de nueva Constitución. En fin, aquí entramos de nuevo en la categoría “a gusto del consumidor”, con las esperadas consecuencias e incentivos que esto puede traer para el gobierno de turno.

Así, considerando la experiencia argentina, parece pertinente que cualquier gobierno se vea acompañado de algún ente autónomo que “audite” las estimaciones realizadas en cuanto a medición de la pobreza. Por último, independiente de los múltiples indicadores que decidamos levantar para evaluarnos como sociedad, parece sensato mantener (en paralelo) la medición de pobreza por ingresos tradicional. Ésta es la que da cuenta cuánto ha mejorado el bienestar en nuestro país en el largo plazo y además, tal como lo señaló la Comisión mencionada anteriormente, es la que permite resumir en un indicador simple el fenómeno multivariable de la pobreza.

 

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-