Registro Civil y Gratuidad en Educación

Un amigo me contó el otro día sobre su experiencia para intentar obtener la documentación que necesitaba, a pesar del paro del Registro Civil. Durante horas esperó en la calle a que saliera del recinto un funcionario designado para elegir a quiénes podrían ingresar por tratarse –según su criterio- de situaciones urgentes que justificaban la atención. ¿Es razonable que se otorgue a alguien la atribución de decidir arbitrariamente qué es más importante, si el pasaporte para poder realizar un viaje, una inscripción de nacimiento, o un acuerdo de unión civil?

Pero la suerte no sólo dependía de dichos criterios, pues según me contó mi amigo, hubo momentos en que la gente perdía la calma y comenzaba a empujarse para quedar en primera fila y así tener más posibilidades de entrar una vez que el sujeto designado lo permitiera. En sus propias palabras, regía la “ley del más fuerte”.

La situación del Registro Civil, en que los que lograron realizar sus trámites fueron los más fuertes que presionaron con más dureza, pero que además cumplieron con los requisitos que el designado de turno consideró como urgentes, me recordó el sistema de financiamiento a la educación superior que el Gobierno está tratando de introducir mediante la ley de presupuestos. En lugar de basarse en criterios consensuados y objetivos, se ha hecho una elección “a dedo” de qué alumnos –pertenecientes a qué instituciones- podrán acceder al financiamiento público. Y en esa elección no sólo jugó un rol la discrecionalidad de los funcionarios de turno, sino también es muy posible que haya aplicado la ley del más fuerte, pues como ha sido la tónica, se favorecerá al grupo de instituciones cuyos rectores se encuentran mejor organizados y que más presión suelen ejercer hacia el Gobierno.

Tal como el funcionario designado para decidir quiénes serían atendidos en el Registro Civil, el Gobierno se está arrogando un poder que no le corresponde, al tomar en forma arbitraria una decisión que debiese estar institucionalizada y fundamentada en una propuesta de ley discutida en una instancia específica para ello.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Pulso.-