La discusión de la reforma laboral se ha tomado la agenda comunicacional en este tema clave de las políticas públicas. Sin embargo, y sin desconocer los gravísimos daños que podría generar en el país y finalmente en los propios trabajadores, están pasando bastante inadvertidas otra serie de modificaciones al Código del Trabajo, que contribuyen a agravar los efectos de la citada reforma. Algunos con más rapidez que otros, estos cambios normativos avanzan en el Congreso, en un tema que no es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo que suele ser prolífico en mociones parlamentarias.

Una de las más preocupantes es el impedimento de la “polifuncionalidad”, que además de ser un freno institucional a la movilidad laboral y una oda a la monotonía del trabajo, genera problemas bastante serios a los empleadores frente a situaciones de huelga, ya que constituye una forma de reforzar el no reemplazo. Se suma la prohibición a la llamada “subcontratación impropia” que impide al empleador subcontratar servicios relacionados con el giro principal de la empresa, desconociendo que por condiciones de estacionalidad y/o eficiencia, la subcontratación de servicios es en ocasiones la única forma de ofrecer condiciones atractivas a los consumidores ¿Una productora de eventos no podría subcontratar servicios de banquetería y debería tener en forma permanente un número de trabajadores que sólo requiere en forma eventual?

Adicionalmente, se ha iniciado la discusión de una moción que establece la necesidad de autorización de la Dirección del Trabajo para el despido colectivo, que corresponde a la desvinculación de más de un 10% de los trabajadores en un período de 60 días. Es interesante constatar que en períodos complejos en los distintos sectores económicos se han registrado caídas de ocupación de esta magnitud o más, con mayor razón dentro de las empresas de cada rubro. Es curioso además que se levante esta idea ahora ¿es que se están temiendo los efectos negativos de la reforma laboral y se quiere impedir el aumento del desempleo por secretaría?

Pero la creatividad no termina ahí, ya que también se han introducido proyectos de ley que establecen indemnizaciones para los contratos por obra y faena, y también en caso de muerte del trabajador. Esto último totalmente contrario a la necesidad de favorecer la contratación de adultos mayores, producto del cambio demográfico, y de personas con capacidades diferentes.

En contraposición a lo anterior, la que debería ser la agenda central de un gobierno que busca mayor equidad, la capacitación laboral, parece destinada al fracaso. El programa + Capaz no ha hecho hasta ahora ninguna diferencia importante con lo que ha sido la historia de otros programas de capacitación; cursos cortos, centrados más en la oferta de programas existentes que en la demanda real de los trabajadores y empresas en oficios y habilidades realmente valorados. Adicionalmente, se ve muy poco probable que se puedan cumplir las metas de cobertura, a la luz de lo que sería el período 2014-2016.

¿Cuánta creatividad legislativa adicional será necesaria para que los parlamentarios se den cuenta que se están transformando en verdaderos verdugos del crecimiento de la ocupación y la productividad laboral en Chile? ¿No ha sido suficiente con ver como se ha castigado el empleo femenino con “protecciones” como la de la sala cuna, los prolongados fueros y los postnatales extendidos irrenunciables?

Columna de Cecilia Cifuentes, Economista Senior de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-