Luego de la enorme convulsión al interior del Ejecutivo y de la coalición oficialista luego del cónclave recién pasado y de algunas señales un tanto confusas que se han dado por parte de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, no queda más que preguntarse ¿Cuál es el futuro de la reforma laboral?

Sin duda, la más importante de estas señales es el hecho de que el Ministro Valdés ha asegurado públicamente que no se incorporará la negociación interempresa o ramal obligatoria. Curioso es que de la lectura del mensaje presidencial –que es donde se concentran las ideas matrices del proyecto de ley- no se observa en parte alguna la intención del Ejecutivo de establecer la obligatoriedad para los empleadores de negociar a nivel ramal o sectorial, por lo que mal podría decirse que es una moderación de esta reforma. Es más, toda intención relativa a materias de negociación colectiva es constitucionalmente iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República siendo inadmisible cualquier indicación o iniciativa parlamentaria en contrario.

Al analizar la tramitación que ha tenido la reforma desde que entró a la Cámara de Diputados a fines del año pasado, podemos observar que en los puntos de discordia y de más conflicto -específicamente titularidad sindical, reemplazo, piso mínimo y extensión de beneficios- el proyecto no ha cambiado nada, salvo algunas adecuaciones un tanto ambiguas en lo referente a servicios mínimos.

Lo cierto es que esta reforma para que sea exitosa y beneficiosa –o al menos inocua- para la economía del país y el empleo, no pasa por realizar ajustes o maquillajes que impliquen subir algunos costos, incorporar modalidades de plazos para ciertas figuras, requisitos luminosos o salidas voluntarias a los conflictos, sino que el tema va más allá. Vale decir, lo realmente importante es dilucidar si este proyecto apunta en la dirección correcta o no.

El objetivo central de todo Gobierno debiera ser fomentar la creación de trabajo y entregar a los trabajadores las herramientas necesarias para alcanzar movilidad laboral; promoción y mejoras en las condiciones de trabajo, lo cual es imposible de lograr de manera responsable y estable si no es por medio de incentivos a la formación y capacitación que mejoren la posición del trabajador dentro de su empresa u oficio, y por generar medidas de adaptabilidad laboral para la inclusión de mujeres, jóvenes y tercera edad.

Ya a pocas semanas que este proceso legislativo termine y ad portas de que se abra plazo para la introducción de indicaciones al proyecto de ley no se puede sino esperar correcciones reales en la dirección del proyecto, lo que atendida las posiciones poco dialogantes de las autoridades de Gobierno y de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, se ve muy poco probable.

Columna de Sergio Morales C., Abogado Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en Chile B.-