Estamos ad portas del  ingreso de una reforma al sistema de salud chileno, que se ha caracterizado por un sinnúmero de declaraciones de distintas autoridades de gobierno, e incluso de parlamentarios oficialistas, que desde hace meses “informan” por goteo los contenidos se incluirían. Todo parece apuntar a que no se lograrán solucionar los problemas que urgen en esta materia.

Los cambios que se han sugerido apuntan a la creación de un plan único (“Plan de Seguridad Social”), cuyo contenido aún desconocemos. En el sector público, al igual que hoy, el plan no tendrá precio explícito para los usuarios, puesto que la lógica en esencia apunta a que los beneficiarios entregan su cotización legal, la cual es complementada con aporte fiscal en caso de no alcanzar para cubrir determinados beneficios (aporte que sólo es “entregado” si permanece en Fonasa y que el individuo “pierde” si decide atenderse en el sector privado).

En cambio, los beneficiarios del sistema Isapre añadirán a su 7% el pago de una prima, la cual sólo se diferenciará por la red donde podrá atenderse. Cada Isapre deberá ofrecer tres alternativas de red y todos deberán ser aceptados luego de pagar la prima comunitaria (las Isapres serán compensadas según el riesgo de sus beneficiarios).

Con ello indudablemente se avanzará en movilidad. Sin embargo, hay al menos dos factores en manos de quienes están redactando el proyecto de ley que pueden hacer que el costo del plan, y por ende el valor de la prima, crezcan; y que un considerable grupo de beneficiarios del sistema Isapre tengan que partir a Fonasa. El primero es cuánto de la cotización legal se destinará finalmente al Fondo Mancomunado: por ahora ha trascendido que se extraerá 0,4 puntos porcentuales al 7% para este fin, y aún no está claro para qué beneficios. El punto es que mientras más se destine a este Fondo, menos quedará disponible para financiar las prestaciones del plan, y por ende mayor tendrá que ser la prima adicional a pagar en caso de permanecer en el sistema Isapre.

El segundo es qué incluirá el plan. Por más deseable que sea tener una gran cantidad de beneficios incorporados, la existencia del sector privado sólo será posible si éstos pueden financiarse. Así, por ejemplo, una elevada cobertura hospitalaria o ambulatoria, incluir más beneficios en el Fondo Mancomunado (que obliguen extraer una tajada mayor), un tope de gasto en salud equivalente al 30% de los ingresos imponibles de las familias y otras promesas que han estado circulando por estos días sólo podrán cumplirse a costa de los mismos beneficiarios de Isapres, quienes o tendrán que pagar una mayor prima o irse a Fonasa.

Hoy existen más de 660 mil personas con un ingreso familiar promedio cercano a los $530 mil beneficiarias de Isapre, que pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso de la población. Sin duda, ellos podrían ser los primeros perjudicados. Asimismo, un cálculo en 2010 de la Superintendencia de Salud señaló que ante una cotización neta de 5,46%, más del 50% de los beneficiarios de Isapre tendrían que salir del sistema en caso de que la prima comunitaria fuese de aproximadamente $ 21 mil de hoy. Si bien esto implica una “tajada” de 1,54 puntos porcentuales a la cotización legal (superior a la que hoy se discute para el Fondo Mancomunado), nos da una noción de los efectos que podría tener esta medida. Ahora bien, si el regulador además de fijar el contenido del plan decidiera poner techo a su precio, esto desfinanciaría a los seguros privados y podría terminar con una menor calidad o con el fin del sistema Isapre, con consecuencias nefastas para el ya deteriorado sistema público, y además para el país, en el sentido de que no existiría un benchmark de comparación para Fonasa en su rol asegurador.

Por todo lo anterior, antes de seguir avanzando en promesas relacionadas a la reforma de salud, vale la pena despejar ciertas dudas básicas que no han sido resueltas. ¿Cuáles serán las prestaciones y beneficios que deberá contener el plan? ¿Cuánto se estima sería el costo de la prima para los asegurados en el sector privado? ¿Cuál es la estimación de beneficiarios de Isapre que con su cotización legal no podrán costear un valor potencial del plan? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de lo anterior para el sector público? ¿Qué beneficios serían cubiertos con el Fondo Mancomunado? ¿Podrán éstos cubrirse con el ya señalado 0,4%? Conocer al menos estas respuestas nos permitirá saber si esta nueva reforma logrará satisfacer las elevadas expectativas de la ciudadanía.

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-