Los últimos días hemos presenciado como distintos parlamentarios, especialmente de la Nueva Mayoría, no han sido capaces de ponerse de acuerdo respecto del proyecto de carrera docente, el cual incluso estuvo a pasos de ser rechazado.

¿En qué están topando? Algunos parlamentarios exigen más recursos, otros una diferente proporción de horas lectivas-no lectivas, hay quienes quieren un nuevo sistema de gradualidad o bien simplemente hay otros solidarizan con los sectores más radicalizados del Colegio de Profesores. Lo cierto es que, independiente de las razones, en todo este debate no se ha expresado con la necesaria fuerza el principal problema de este proyecto: propone una delegación casi total de la gestión de los profesores desde las escuelas al Estado.

Si bien es valorable que el proyecto considere el desempeño para promover y premiar a los buenos docentes, es incorrecto pensar que un órgano del Estado, centralizadamente desde Santiago, podrá considerar las distintas realidades y contextos en que se desenvuelven cada una de las escuelas, además de las particularidades específicas de éstas, de sus profesores y de cada uno de sus alumnos. Así, desconfiando totalmente de las capacidades de cada escuela, el proyecto propone que el Ministerio de Educación evalúe, a través de una prueba y de una grabación de una clase, el desempeño de más de 200 mil profesores a lo largo del país. Cabe preguntarse si esto permitirá valorar el verdadero desempeño de los maestros en el aula, el ambiente que estos generan al interior de la sala de clases, el real aprendizaje de sus alumnos y tantos otros aspectos que son esenciales para una buena enseñanza.

Si el Estado no tiene la capacidad de acompañar día a día el quehacer de cada profesor, ¿quién mejor que los equipos directivos para hacerlo? Necesitamos implementar urgentemente políticas que entreguen a los Directores las atribuciones necesarias para la correcta gestión de sus docentes. No es el MINEDUC sino ellos los que deben liderar el proceso educativo en aras a conseguir cada vez más una educación de calidad.

Columna de Jorge Avilés, Abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Segunda.-