La formalización de los controladores del grupo Penta terminó en un espectáculo que la izquierda rabiosa no quería perderse: connotados empresarios en la cárcel. Los chivos expiatorios, Délano y Lavín, estuvieron bien elegidos: sus aportes al financiamiento de la política estaban concentrados en la UDI, partido que ha pagado el gran costo político de este episodio.

Los acontecimientos posteriores relacionados a este caso y a la llamada arista SQM, complicaron un poco la escena para la Nueva Mayoría y el gobierno de Michelle Bachelet. Ante el desfile de connotados políticos que entregaron boletas llamadas “ideológicamente falsas”, incluyendo al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y a gran número de políticos de la Nueva Mayoría, entre los cuales la militancia en el Partido Socialista llevaba la delantera, comenzaron a tejerse nuevas interpretaciones acerca de la naturaleza de los delitos o faltas cometidas, nuevas clarificaciones en los criterios del Servicio de Impuestos Internos para deducir acciones penales, reprogramación de los tiempos de los procesos por parte del Ministerio Público.

Por primera vez en estos casos las resoluciones de los tribunales empezaron a recoger los argumentos de los defensores en relación a las medidas cautelares: era absurdo, como se dijo desde un principio, que se decretara que los imputados eran un peligro para la sociedad y que las medidas cautelares (arresto, arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno) fueran más gravosas que las penas que en definitiva los acusados podían recibir de acuerdo a lo que establece la ley.

Por eso la formalización de Jovino Novoa enfrentó un escenario más favorable para éste que el de los controladores del grupo Penta. Todo indicaba que por prudencia, será inevitable la comparación entre el rigor de la justicia con Novoa y el que tendrá con los encumbrados políticos de la Nueva Mayoría que habrán de ser sometidos a proceso próximamente, el ex Presidente de la UDI estaría, de haberlas, sometido a medidas cautelares menos duras.

Pero el odio es más fuerte. La izquierda rabiosa quería a Jovino Novoa en la cárcel.

Lo que consiguieron fue su arresto domiciliario.

La estrategia judicial para lograrlo fue enrostrarle la reiteración de la conducta, argumento que es espurio como demostraremos más adelante, y la imputación de varios delitos. Así, al cargo de emitir boletas ideológicamente falsas (boletas falsas dijo el juez, lo que también es una impropiedad) le agregaron el de evadir el impuesto a las donaciones.

Por boletas falsas, siempre se entendió boletas falsificadas, vale decir boletas que tienen un timbre del SII falso o que son emitidas por una empresa que no existe. El SII innovó cuando empezó a utilizar el concepto de boletas “ideológicamente falsas” en donde hay una objeción al servicio prestado por una empresa que es auténtica. La discrecionalidad que se abre con ello es enorme, porque convengamos en que el SII no tiene expertos para calificar si los servicios prestados a todas las empresas de Chile son adecuados o no. Pero esto adquirió ribetes realmente inquietantes para la libertad personal cuando el SII decidió deducir acciones penales por boletas “ideológicamente falsas”, en circunstancias que antes ese tipo de objeciones daban origen a un simple giro, que el contribuyente debía pagar en la Tesorería.

Afirmamos que es espurio alegar ante el tribunal que se trata de una conducta reiterada, cuando el que cambió de criterio es el SII. La conducta era reiterada porque el SII la aceptaba, de manera que no se puede, legítimamente, usar ese argumento para pedir una pena mayor.

El hecho es que Jovino Novoa está arrestado por conductas que han tenido miles, sino cientos de miles de chilenos: boletas “ideológicamente falsas” y el no pago del impuesto a las donaciones por los dineros. Si bien el que ésta sea una conducta generalizada no es un argumento que por sí solo sea suficiente para exculparlo, al menos uno esperaría que otros políticos, que han entregado boletas que implicarían un perjuicio fiscal de varias veces los 15 millones de pesos que el SII le objeta a Novoa, sufran la misma suerte que él. Entre estos políticos hay ex ministros y subsecretarios de Bachelet, parlamentarios de la Nueva Mayoría y parientes de ellos en abundancia.

¿Cuántos políticos de la Nueva Mayoría sufrirán en los próximos días medidas de arresto por las conductas que han tenido en relación al financiamiento de campañas políticas?

Si no los hay, quedará en evidencia que aquí se han utilizado las instituciones del Estado para perseguir a adversarios políticos. Y eso es muchísimo más grave que el financiamiento irregular de la política y se inscribe en la verdadera demolición de nuestras instituciones en la que está empeñado este gobierno.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-