La discusión que importa en educación

Pareciera que la Presidenta Bachelet recién se está dando cuenta de lo que venimos advirtiendo desde el primer proyecto de ley presentado por este gobierno en materia educacional: que debido a la improvisación en la elaboración de su programa, los recursos no alcanzarán. Con esto, la discusión pública se trasladó desde el paro del Colegio de Profesores, a la necesidad de que el gobierno dé un giro y defina las nuevas prioridades de su reforma. Pero entre una disputa y otra seguimos desviándonos de lo relevante: cómo mejorar el proyecto de ley de Carrera Docente que se tramita en la Cámara de Diputados, de manera que éste cumpla con los objetivos que lo motivaron.

Este proyecto -ingresado en abril de este año- busca incentivar el buen desempeño docente para elevar con ello la calidad de la educación subvencionada (municipal y particular). Para esto propone, entre otras medidas, una nueva asignación que incremente la remuneración total de acuerdo a los resultados que obtenga el profesor en la evaluación de sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos. La idea detrás de esto es poder utilizar la evaluación como una forma de orientarlo hacia un mejor ejercicio de su labor.

Sin embargo, ésta contiene un grave problema: deja afuera los indicadores más relevantes para ayudarlo a mejorar su desempeño, como son los logros efectivos de sus estudiantes, sus avances en el tiempo, las características del espacio en que éste se desenvuelve, y el grado de cumplimiento de los objetivos propios de cada proyecto educativo. En palabras simples, la evaluación que introduce este proyecto no es suficiente para identificar a los profesores que logran un impacto positivo en sus alumnos dentro del contexto específico en que están insertos.

Afortunadamente todavía hay una forma de incorporar los elementos faltantes: si en lugar de imponer una evaluación centralizada y estándar a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc), se entrega a los equipos directivos de cada establecimiento un rol primordial en ésta, permitiéndoles, por ejemplo, acreditar sus propios sistemas evaluativos con la Agencia de la Calidad de la Educación. La evaluación docente constituye un mecanismo clave para alinear a la comunidad educativa hacia los objetivos institucionales, y permite promover rasgos y virtudes clave en el desarrollo de la cultura escolar y su proyecto educativo. Al uniformarla se terminan pasando por alto injustamente las diferencias propias de cada establecimiento educacional.

Algo similar ocurre con el nuevo sistema de inducción para docentes principiantes. Este también estará en manos del Mineduc, que elegirá a los profesores mentores y los asignará para que apoyen a los novatos durante un año. ¿No sería mejor si el profesor mentor viniese del mismo establecimiento en que se desempeñe el nuevo docente? ¿O que el director al menos tuviese alguna atribución en la designación de éste? Y es que aun si se buscara que el proceso de inducción fuese una formación general y no específica para cada establecimiento educacional, es imposible que ésta prescinda completamente del contexto y del proyecto educativo institucional, pues de todas formas estos influyen la labor del docente.

Con todo, sería recomendable que el proyecto avanzara en la descentralización de la evaluación docente hacia los equipos directivos ya constituidos en cada establecimiento escolar y de al menos una parte del proceso de inducción, lo que permitiría además ahorrar los recursos que el proyecto pretende entregar al Ministerio de Educación para el desarrollo de estas funciones. Esperamos que la tramitación de este proyecto de ley sea fructífera y que ni la discusión en torno a los recursos ni las demandas del Colegio de Profesores haga que nuestros Parlamentarios pierdan el foco.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-