"Debido a las malas condiciones de ventilación y con el objeto de resguardar la salud de la población la Intendencia Metropolitana ha decretado preemergencia ambiental”. Algo que ya nos parece habitual, pero no por eso menos molesto. Más aún cuando las restricciones impuestas nunca han estado sujetas a un proceso de evaluación formal.
Así las cosas, si pensó que reemplazando su automóvil antiguo por un catalítico contribuía a la calidad del aire y evitaría con ello la restricción vehicular, mejor infórmese antes de salir. Si comprometió la entrega de mercadería, revise -si es que puede- si está de turno para paralizar su industria. No pretenda tampoco hacer uso de su calefactor a leña, ni hacer deporte al aire libre.
Nos hemos tenido que habituar a estas restricciones en virtud de los denominados episodios críticos; algo que sería perfectamente razonable si con ello se lograran mejoras reales en la calidad del aire. Sin embargo, las medidas impuestas son meros paliativos, que no tienen efectos inmediatos -se siguen repitiendo los episodios críticos, pues no podemos cambiar las condiciones de ventilación de la ciudad- ni, mucho menos, de largo plazo.
Al igual que las ciudades del centro-sur del país que muestran serios problemas de contaminación, Santiago requiere un Plan de Descontaminación para MP 2,5, contaminante que causa el mayor impacto en la salud de las personas. Ello supone implementar medidas estructurales, bien definidas y, sobre todo, bien evaluadas, que logren reducir los niveles de contaminación basal. Solo de esta manera, los episodios críticos serán menos frecuentes y, eventualmente, podrán limitarse a acciones de información.
Para establecer medidas con efectos estructurales se requiere un diagnóstico preciso sobre las fuentes contaminantes y diseñar soluciones costo-efectivas. Así, por ejemplo, en ciudades donde el uso de leña es el principal responsable de la contaminación, deben existir incentivos para la aislación térmica y la sustitución hacia fuentes energéticas más limpias, además de fortalecer decididamente la fiscalización. Igualmente, políticas que promuevan cambios tecnológicos (como transporte eléctrico o a gas) o generen incentivos económicos correctos (ej. rediseño del impuesto específico a los combustibles), contribuirían a generar reducciones permanentes en la contaminación atmosférica. Insistir, en cambio, con medidas para los episodios críticos tales como restricciones a la circulación de autos con sello verde o declarar la paralización de grupos electrógenos de respaldo o fuentes de baja emisión, no sólo no es efectivo, sino que importa un alto costo económico y social para el país.
Es de esperar que en el proceso de elaboración de la decena de planes de descontaminación en curso se tomen medidas adecuadas y no sigamos dependiendo de soluciones improvisadas. Debiera además promoverse instrumentos más modernos de gestión ambiental, como los sistemas de permisos de emisión transable, proyecto que duerme en el Congreso desde el 2003, a pesar de su probada efectividad a nivel internacional.
Columna de Susana Jiménez, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-
