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Profesores y Carrera Docente

Voces La Tercera

Maria Paz Arzola LyDLa Comisión de Educación de la Cámara de Diputados accedió a suspender la tramitación del proyecto de Carrera Docente, luego de que el Colegio de Profesores cumpliera más de una semana en paro. Con esto se ratifica el poder de negociación que tiene el gremio, sustentado en su capacidad para interrumpir el normal funcionamiento de las clases (según el MINEDUC, de más de 2 mil establecimientos) y ahora también del Parlamento. Éste es un elemento de presión muy potente, que, sin embargo, el Gobierno parece no haber advertido, pues con el proyecto en cuestión podría fortalecerlo aún más, en la medida que se concentrará en el Estado la gestión ya no sólo de los docentes del sector municipal, sino también del particular subvencionado.

Si bien nos parece que en términos generales el proyecto de ley apunta en la dirección correcta, creemos que tiene defectos que se deben corregir.

En primer lugar, el excesivo centralismo en la administración y ejecución del nuevo proceso de certificación al que tendrán que acceder todos los profesores y que será la base para determinar la remuneración adicional por desempeño: el MINEDUC, que hoy evalúa sólo a los docentes municipales (17 mil al año), deberá pasar a evaluar a los 200 mil que ejercen en el sector subvencionado (municipal y particular). Con este sistema no sólo se ve difícil el poder identificar a los buenos docentes dentro de la particularidad de cada escuela del país, sino también se entregará al Colegio de Profesores todavía más poder a la hora de negociar con el MINEDUC. El mecanismo de presión que hoy representa la paralización de clases, podría extenderse al punto de convertirse en una seria amenaza al derecho a la educación de los niños y jóvenes que estudian en los establecimientos que reciben aportes del Estado.

En segundo lugar, hay antecedentes para pensar que los instrumentos de evaluación no lograrán medir correctamente las conductas que contribuyen con el buen desempeño docente y con el aprendizaje de los alumnos, pues se excluye el elemento más importante: la observación diaria y directa de clases y la opinión del equipo directivo. Es necesario descentralizar la evaluación propuesta e incorporar el avance de los alumnos y la perspectiva del director. Después de todo, es éste el llamado a liderar el proceso educativo, y mientras no se le entreguen las herramientas necesarias, no podrá hacerlo.

Por último, el intento de fijar las remuneraciones por ley inevitablemente lleva a cometer errores. Por ejemplo, porque la remuneración ofrecida es muy plana durante los 10 primeros años, lo que puede desmotivar a buenos candidatos a elegir (o permanecer en) la profesión docente. O porque se sigue premiando en exceso la antigüedad, en la medida que la asignación por tramo de desempeño se vuelve relevante dentro de la remuneración total recién a contar del séptimo bienio (14 años). Asimismo, por tratar de estandarizar y centralizar decisiones que deben delegarse a las escuelas, se incurre en errores de diseño, como que al convertir la escala de puntajes de la evaluación a notas de 1 a 7 (ponderando en un 50% el portafolio y la prueba de conocimientos), se permitirá que docentes reprobados -que obtengan una nota promedio inferior a 4- se ubiquen en niveles de desempeño alto. Así, con promedio 3,9 se podría alcanzar el tramo Superior, que supuestamente identifica a aquéllos con un desempeño por sobre lo deseado.

En suma, compartimos que el proyecto en discusión tiene defectos que es necesario corregir. Y sin duda todos los involucrados, incluyendo al Colegio de Profesores, tienen algo que aportar en este debate. Pero ojo, no hay que perder de vista el objetivo final. Si ceder a las presiones del Magisterio significará cambiar el actual proyecto por uno que suba las remuneraciones, pero que no incorpore exigencias ni establezca responsabilidades claras, entonces se terminará afectando la consecución del fin último, que es incentivar el buen desempeño docente y mejorar con ello la calidad de la educación escolar.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.- 

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