Los profesores y la carrera docente

 

María Paz ArzolaEl Colegio de Profesores se encuentra en paro indefinido, debido al rechazo al Proyecto de Carrera Docente. Con esto nos recuerda su poder para afectar el normal funcionamiento de las clases cada vez que tiene un desencuentro con el Ministerio de Educación (MINEDUC). Pareciera, sin embargo, que el Gobierno no lo entiende así, pues con el proyecto presentado aspira a asumir no sólo la gestión de los docentes del sector municipal, sino también del particular subvencionado. El MINEDUC, que hoy evalúa sólo a los profesores del sector municipal, deberá pasar a evaluar a los 200 mil que ejercen en el sector subvencionado (municipal y particular), en lo que será la base del proceso de certificación que irá asociado a una remuneración adicional por desempeño docente.

Hoy, más de la mitad de los alumnos del sector municipal están matriculados en un establecimiento cuyo director fue elegido por Alta Dirección Pública. La Ley N° 20.501 del año 2012 estableció este mecanismo justamente como una forma de contar con mejores directores a quienes entregar cada vez mayor autonomía en la gestión de sus escuelas. Por eso este proyecto, en lugar de entregar al Estado la gestión de los docentes, debió avanzar hacia una mayor descentralización, cediendo a los equipos directivos de las escuelas la responsabilidad de evaluar y decidir lo relativo a sus profesores. Después de todo, son los directores los llamados a liderar el proceso educativo, y son además la cara visible frente a los padres para asumir la responsabilidad por los resultados de su escuela.

Si bien compartimos la necesidad de avanzar hacia una medición del desempeño, el excesivo centralismo establecido en el Proyecto de Carrera Docente no sólo lleva a errores en la elección de los instrumentos para identificar a los buenos docentes en la sala de clases, sino también entrega mayor poder al Colegio de Profesores a la hora de negociar con el MINEDUC. Con esto, el mecanismo de presión que hoy representan los paros podría llegar a convertirse en una verdadera amenaza al derecho a la educación de los niños y jóvenes que estudian en los establecimientos que reciben aportes del Estado.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-