En el discurso del 21 de mayo hubo un anuncio que pasó casi inadvertido. El del fin de la Ficha de Protección Social (FPS). No quedaba claro si se proponía reemplazarla por un mejor instrumento de focalización del gasto social o si, en cambio, lo que se cuestionaba era la focalización como principio. Días después, el nuevo ministro de Desarrollo Social se encargó de precisarlo: "Queremos una política que nos permita transitar de una lógica de focalización a una de garantía universal".
De confirmarse, se trataría de un preocupante cambio de paradigma.
El mundo real, siempre de recursos escasos, obliga a preguntarse sobre la asignación de estos. La respuesta de la focalización es la siguiente: propender a concentrarlos en las áreas prioritarias y en aquellos que más lo necesitan. Al reconocer los muy desiguales puntos de partida y poner el acento en quienes tienen mayores carencias, la focalización se erige entonces en un principio fundamental de justicia distributiva.
La lógica universalista, en cambio, busca redistribuir a todos por igual. Así, los más necesitados recibirán menos que bajo una política focalizada. ¿Es eso razonable? ¿Es eso justo? Al final del día, un peso entregado a quien menos lo necesita es un peso no entregado a quien más lo necesita. Por ejemplo, si la suma de los subsidios monetarios que hoy entrega el Estado se redistribuyera entre todos los chilenos, una persona del 10% más pobre recibiría solo un tercio del apoyo vigente.
En Chile, dos de cada tres pesos del gasto público se destinan a las llamadas áreas sociales (educación, vivienda, salud). Sin duda, una buena noticia que denota prioridades correctas. Y ese gasto es progresivo. Las transferencias sociales están focalizadas en los sectores de menores ingresos. Esto contrasta con la regresividad del gasto en América Latina, donde típicamente el quintil más rico recibe la mayor parte de las transferencias sociales. No es accidental que en los últimos 25 años Chile exhiba los logros más notables de la región en reducción de la pobreza.
Por cierto la focalización no está exenta de problemas. Uno de los principales es identificar adecuadamente a los beneficiarios. Y no cabe duda de que la FPS tiene falencias importantes a este respecto. De acuerdo con la FPS, el 42% de los hogares pertenece al 20% más vulnerable. ¡Y un 30% al primer decil!
Las falencias de la FPS han sido latamente descritas (Comisión de Expertos del año 2010) y requieren atención inmediata. Entre otras, el autorreporte de datos o la falta de chequeos in situ o con datos administrativos para certificar la autenticidad de la información.
A ello se suma que los programas sociales definen amplios tramos de elegibilidad con perniciosos saltos discretos. Si se está bajo el X% de la población, se obtiene todo; si algo por sobre, nada. Esto induce a comportamientos estratégicos para "quedar" en el X% elegible, exacerbando el problema de identificación. Diseños del tipo X% atentan, además, contra la propia focalización. ¿No sería deseable que una persona que está, digamos, en el 1% más pobre reciba más que la del 60%? Ambos problemas se solucionarían si se propendiera a reemplazar los saltos discretos por beneficios continuamente decrecientes con el ingreso.
Es claro que la focalización importa desafíos. También que la actual FPS tiene objetivas falencias que nos impiden tener una mirada certera sobre las carencias de los más necesitados. Pero ello debiera ser una invitación a redoblar esfuerzos y a corregir el instrumento. No a plantear eliminar la focalización. Nuestro país tiene cerca de dos millones y medio de personas en condición de pobreza y aproximadamente 800 mil en situación de pobreza extrema. Esta realidad sigue exigiendo mejor focalización. No menos.
Columna de Ignacio Briones, Decano de la Escuela de Gobierno UAI; y de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-
