
En materia de descentralización administrativa, la trasferencia de competencias podrá ser gatillada a solicitud del gobierno central o del regional. Si bien se contempla contar con estudios que determinen la conveniencia de ello, difícilmente se puede suponer que no se tendrá una mirada política, subjetiva y discrecional al tomar la decisión. Más allá de ello, tampoco se tiene certeza en cuanto a que efectivamente los gobiernos regionales contarán con más atribuciones en el futuro. Lo que sí es cierto, es que se viene creando una nueva fuente de conflictos entre el nivel central y el regional. Lo que se requiere es avanzar en la materia, pero con certezas. Si existe una real voluntad descentralizadora, ésta debe ser por ley, no a “tirones” sobre la base de “negociaciones”. Si el Gobierno realmente está convencido y comprometido con la descentralización, debiera promover una reforma legal en la cual se indican claramente las competencias a traspasar, junto con los recursos tanto humanos como financieros para ejecutarlas.
Por otro lado, la elección de Intendentes es una reforma largamente deseada en regiones, ya que algunos creen que ello pudiera gatillar un proceso descentralizador. Esta reforma debe ser analizada con precaución, ya que avanzar en materia de descentralización política sin haber tenido previamente una reforma en materia de descentralización fiscal y administrativa, difícilmente impulsará un proceso de descentralización efectivo. Peor aún, la elección de Intendentes puede terminar siendo una traba para una mayor descentralización, ya que con autoridades regionales electas de una coalición política distinta a la del gobierno central, más difícil aún será el traspaso de más recursos y atribuciones desde el gobierno central al regional. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto final.
Columna de Bettina Horst publicada en los Medios Regionales de El Mercurio.-